El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha citado para este miércoles a Rodrigo Rato, a quien investiga por delito fiscal y blanqueo de capitales.
Según informaron fuentes jurídicas, el exnúmero dos del Ejecutivo deberá comparecer a las once de la mañana para que se le tome declaración en la causa que propició el registro de su vivienda y de su despacho profesional.
Serrano-Artal interrogó el pasado lunes, en calidad de testigo, a la responsable de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas.
Tanto la citación de Rato como la declaración de la responsable de la ONIF se producen después de que el titular del Juzgado 31 de Madrid acordara el pasado 27 de mayo el levantamiento del secreto de las actuaciones en este caso, salvo la pieza separada documental, con la información intervenida en los registros practicados.
El pasado 21 de mayo el juez acordó imponer a Rato una fianza de 18 millones de euros como condición previa para levantar el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones.Despatrimonialización
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Madrid por la Agencia Tributaria, que pidió la detención del exministro de Economía y expresidente de Bankia ante las sospechas de que podría estar cometiendo un delito de blanqueo de capitales y a la vista de las operaciones de despatrimonialización que habría realizado en los años 2014 y 2015. También reclamó el registro de su domicilio "incluso con la autorización de la fuerza".
En su informe, la Agencia Tributaria destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato. Se trataba del presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros, que es el importe mínimo previsto para el delito contra la Hacienda Pública, al que se unía un posible delito de blanqueo de capitales.
La inspectora jefe de la ONIF ha sido preguntada sobre las presuntas operaciones de despatrimonialización que se detallaban en el informe, en el que se advertía de que se han realizado "con mucha intensidad" en 2014 y 2015 y que podrían derivarse de las posibles responsabilidades pecuniarias relacionadas con la imputación del exministro en el 'caso Bankia'.
La Agencia Tributaria denunció que Rato tiene "un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales", algo que choca con una actividad empresarial y profesional "básicamente nacional y escasamente internacional", según señalaba la denuncia.
También sospecha que Rato utilizaba "territorios de riesgo" (paraísos fiscales) a efectos financieros y societarios y alertaba de que existía "una elevada facturación interna" en su entramado societario que "hace presumir la emisión y recepción de facturas de conveniencia al objeto de evitar la tributación en IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA.
Por otra parte, cree que los servicios de asesoramiento prestados por el expresidente del FMI "hayan sido facturados a través de sociedades ajenas a tal actividad al objeto de evitar su tributación por IRPF y efectuando una escasa o nula tributación por el Impuesto de Sociedades o IVA".
De todo esto, la Agencia Tributaria presume en la conducta del expresidente de Bankia "el ánimo de defraudación tributaria", razón por la que reclamó a la Fiscalía que interpusiera una denuncia por los riesgos de ocultación, destrucción y dificultad en la obtención de pruebas y por la actitud de despatrimonialización de Rato.
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