Panamá, 8 feb.- Los afectados por el jarabe envenenado con dietilenglicol en Panamá rechazaron hoy la iniciativa del Gobierno de otorgar una pensión vitalicia a los perjudicados por este escándalo, que causó más de 200 muertos, por no satisfacer sus expectativas.
El presidente del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, Gabriel Pascual, que representa a las víctimas, dijo a Efe que la decisión de pensionarlos sin un estudio técnico previo es una imposición y una muestra de que el Gobierno no tiene voluntad de resolver el problema.
"No existe un estudio que determine cuáles fueron los elementos utilizados para determinar el monto de cada una de las pensiones, incluyendo la de los menores de edad", indicó Pascual.
El Consejo de Ministros aprobó la noche del martes enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que otorga una pensión vitalicia de carácter especial a las víctimas reconocidas por la intoxicación masiva que afectó a miles de panameños.
Pascual señaló que se ignora cuáles serán las metodologías que utilizarán para pensionar a un menor de edad o a una persona que jamás ha cotizado en el programa de seguridad social o a quien ya está pensionado, además de que el proyecto excluye a las personas que ya fallecieron.
"No hay objetividad ni seriedad, y lo que quieren es deshacerse del problema, porque tampoco han cumplido con el mandato de la ley 13 de 2010 que habla sobre citas médicas, tratamientos y medicamentos expeditos para los afectados", añadió.
El pago de las pensiones, que van entre los 235 dólares y los 1.250 dólares mensuales, saldrá del fideicomiso que el Estado aporta al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del programa de seguridad social, y que se calcula ascenderá aproximadamente a 6,5 millones de dólares.
Las personas que se acojan a esta pensión vitalicia de manera voluntaria deberán renunciar a la interposición de demandas indemnizatorias contra la Caja de Seguro Social o contra el Estado.
Las víctimas son pacientes de la seguridad social de Panamá, en su mayoría niños y ancianos, que hace cinco años acudieron a los centros médicos para recibir tratamiento para enfermedades comunes como catarros o irritaciones de la piel.
Las medicinas que recibieron estaban contaminadas con dietilenglicol, una sustancia que se empleó en su elaboración en lugar de glicerina, provocando un envenenamiento masivo que hasta ahora se ha cobrado la vida de más de 200 personas, dejando además a miles de personas con secuelas, muchas de ellas sin saberlo.
El dietilenglicol, un alcohol industrial no apto para el consumo humano, fue utilizado por los laboratorios de la Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá para la elaboración principalmente de jarabes para la tos en vez de glicerina y, según estimaciones oficiales, fue consumido por al menos 6.000 personas.
En abril de 2011, un juez de la Audiencia Nacional española ordenó el archivo del expediente por el que se implicaba en el caso a la gerente de Rasfer Internacional, Asunción Criado, empresa intermediaria encargada de suministrar la glicerina pura comprada en China y que finalmente resultó ser dietilenglicol.
En Panamá, el Ministerio Público presentó en diciembre de 2010 cargos contra 23 personas ante la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente se encuentra detenido solo Ángel de la Cruz, gerente de la empresa Medicom, que fue el proveedor final a la Caja del Seguro Social de la glicerina adulterada que fue utilizada para elaborar los medicamentos.
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