Rechazo político y sectorial a las "obras en euskera" de Gipuzkoa

San Sebastián, 7 oct.- La decisión de la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, de exigir el euskera a técnicos de empresas constructoras que quieran acceder a un contrato con la institución foral se ha encontrado con el rechazo total del sector, los partidos y el gobierno, que estudia la posibilidad de recurrir la medida.

La polémica surgió el pasado lunes, cuando la diputada de Infraestructuras, Larraitz Ugarte, anunció que la institución foral en manos de Bildu había dejado fuera de la licitación de las obras de la carretera GI-632 a una empresa porque incumplía el requisito de que dos de sus trabajadores en asistencia técnica a la dirección de obra tuvieran acreditado un nivel avanzado de euskera.

Ugarte, que anunció en la misma rueda de prensa que las comparecencias de la Diputación ante los medios de comunicación se harán exclusivamente en euskera, aseguró que ambas decisiones están "amparadas por la ley" y "garantizan los derechos lingüísticos de todos los guipuzcoanos".

Las normas a las que hizo alusión Ugarte y que volvieron a ser esgrimidas ayer por el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, son una ley de básica normalización del uso del euskera de 1982, el decreto foral 4/2009 y el Acuerdo del Consejo de Diputados, adoptados estos dos últimos cuando la diputación estaba gobernada por el PNV y Hamaikabat.

El acuerdo del Consejo de Diputados establece que en los contratos que "incluyan la prestación de servicios o relaciones con terceros o ciudadanos", la lengua utilizada entre la empresa encargada y las personas con las que haya de relacionarse en la ejecución del contrato "será aquella que elija el usuario o tercero".

Para la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) la decisión de la Diputación es "plenamente ilegal" y un "gravísimo atentado contra la libre competencia".

"No solo contraviene la Ley de Contratación nacional y comunitaria, sino que atenta contra la unidad de libre mercado y distorsiona la libre competencia", ya que los criterios deben ser exclusivamente "técnicos o económicos, pero no lingüísticos", han señalado a Efe fuentes de la CNC.

Los servicios jurídicos de esta asociación están estudiando el pliego de concurso de la carretera guipuzcoana para concretar los argumentos en aras a la presentación de un futuro recurso.

También un jefe de obra vascoparlante de una empresa guipuzcoana consultado por Efe ha señalado que el criterio foral es "excluyente" y lo enmarca en el contexto electoral actual, en el que Bildu "trata de contentar al electorado más radical".

"Finalmente quedará en nada", augura este trabajador, que sin embargo, cree que si la medida se generaliza las empresas no dudarán en asegurar que cuentan con personal que puede acreditar el perfil lingüístico exigido, aunque luego las tareas de dirección de obra las lleve a cabo otro empleado.

De hecho, ha señalado, el propio personal de la Diputación "salta al castellano cuando la conversación con los jefes de obra derivan a temas técnicos, porque ellos mismos se sienten más cómodos".

La intención de recurrir la medida es compartida también por el Gobierno central, que a través del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, adelantó ayer que ve "indicios claros" de ilegalidad en estos contratos, por lo que la cuestión está en manos de la Abogacía del Estado.

Asimismo la mayoría de las formaciones políticas, salvo EH Bildu, han rechazado la medida, desde el PP, quien comparó la situación con una actitud "nazi", y UPyD, que la ha calificado de "puro fascismo lingüístico", al PSE, que aseguró que "es parte de lo que nos espera si ganan los nacionalistas".

La polémica sobre los criterios lingüísticos de Bildu ha registrado un nuevo capítulo al conocerse que el Ayuntamiento de San Sebastián ha rescindido un contrato con una editorial de León que iba a elaborar una publicación sobre la Semana Grande donostiarra por haber usado exclusivamente el castellano en el proceso de captación de publicidad.

La ruptura del acuerdo, que se formalizó a través de un burofax en el que el consistorio donostiarra justificaba su decisión en "las numerosas quejas" recibidas, le ha valido a Bildu los calificativos de "sectarios e insolidarios" por parte del Ayuntamiento de León.