Recomiendan a Perú que establezca un mecanismo para prevenir la tortura

Lima, 18 sep.- El Estado peruano debe establecer un mecanismo nacional para la prevención de la tortura, recomendaron hoy los participantes en una conferencia sobre el tema, entre los que estuvo el líder de una misión del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas.

La misión llegó a Lima el pasado 10 de septiembre, presidida por el uruguayo Wilder Tayler, quien participó hoy en la conferencia junto al viceministro peruano de Derechos Humanos, José Ávila, y la congresista Marisol Pérez Tello.

Los participantes coincidieron en señalar que Perú debe establecer el mecanismo contra la tortura, un delito que "es una realidad que persiste en el país", según declaró a Efe el director general de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), Miguel Huerta.

El representante remarcó que la tortura se trata de "una práctica extendida" en el país, aunque dijo que no se puede afirmar que sea "sistemática" e insistió en que el Estado debe establecer los mecanismos para prevenirla.

Añadió que Perú ratificó en 2006 el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, a partir de lo cual tenía un plazo de un año para establecer el mecanismo nacional.

Esto "hasta ahora no se ha materializado", remarcó Huerta.

Durante el encuentro de hoy, el viceministro de Derechos Humanos reconoció la necesidad de establecer el mecanismo para prevenir la tortura, mientras que la congresista Pérez Tello le pidió que el informe que entregará el Subcomité de la ONU en noviembre próximo al Estado peruano se haga público.

Tayler recordó que la misión que presidió no puede adelantar conclusiones sobre la labor que cumplió en Perú, pero dijo que visitaron más de 20 lugares del país.

Según la Comisedh, la Defensoría del Pueblo de Perú ha contado 721 denuncias por presuntas torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes entre 1998 y junio de 2012.

"La Comisedh ha atendido a 144 víctimas de tortura de 23 regiones del país desde 1998 hasta la fecha, la mayoría proveniente de Lima", denunció el organismo.