Montevideo, 4 oct.- El relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff, lamentó hoy el "cambio de rumbo" de la Suprema Corte de Justicia uruguaya que a su juicio daña a las víctimas de los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985).
"Nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de justicia que decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)", declaró De Greiff en una conferencia de prensa ofrecida tras su primera visita oficial a Uruguay.
El alto funcionario de la ONU aludió así a la decisión de la SCJ de declarar inconstitucionales varios artículos de la ley aprobada el pasado año que eliminaba en la práctica la Ley de Caducidad, norma que impedía juzgar a los acusados de crímenes durante la dictadura.
Además, De Greiff se refirió al traslado de ámbito judicial el pasado mes de febrero de la jueza Mariana Mota, que investigaba más de cincuenta expedientes de la dictadura uruguaya, un movimiento que atribuyó también a "las actuales tendencias de la Corte Suprema".
El relator criticó además la "lentitud, la debilidad investigativa y la casi nula participación de las víctimas en el proceso penal" en la Justicia uruguaya.
Siguiendo con las críticas, el experto colombiano lamentó que en Uruguay todavía sea complicado acceder a los archivos de las Fuerzas Armadas pese a que como "todos los archivos", son "propiedad de la Nación" y deberían estar "bajo el control nacional".
En ese sentido, también indicó que durante su visita no había recibido "información detallada" sobre las reformas a emprender en las fuerzas de seguridad para "asegurar que las pasadas violaciones de derechos humanos no se repetirán".
Por otra parte, De Greiff aplaudió el proceso penal al que fueron sometidos en Uruguay "un ex presidente electo, un ex presidente de facto, un ex ministro y varios miembros de alto rango de las fuerzas armadas", todos ellos vinculados a los crímenes de la dictadura.
El relator se refirió así la condena firme a prisión a la que fueron sometidos los ex dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry -ya fallecido- y el ex canciller Juan Carlos Blanco, así como varios represores más.
También se congratuló de la existencia de dos leyes para la reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos, y celebró la creación de "la Comisión para la Paz, la Comisión de Seguimiento y la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente".
De Greiff mantuvo diversas reuniones con instituciones judiciales y legislativas, así como con el presidente, José Mujica, y varios de sus ministros, con el fin de "evaluar las medidas adoptadas por las autoridades en relación con las serias violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar".
La dictadura en Uruguay, que interrumpió una larga tradición democrática en el país, dejó al menos 38 desaparecidos, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003.
Las desapariciones fueron en muchos casos fruto del Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación de los órganos represivos de las dictaduras del Cono Sur en aquella época.
Al restablecerse la democracia en Uruguay, fue aprobada la Ley de Caducidad, que dificultó el procesamiento de los responsables de los crímenes de Estado, y que fue ratificada en dos referendos en 1989 y 2009.
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