Respuesta desigual en el PSOE ante la propuesta de repensar las diputaciones

  • La propuesta del candidato del PSOE para el 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, de replantear el papel de las diputaciones provinciales ha obtenido una respuesta desigual entre las fuerzas políticas e incluso dentro de las filas socialistas se ha ido más allá y se ha llegado a apostar por su clara supresión.

Madrid, 17 ago.- La propuesta del candidato del PSOE para el 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, de replantear el papel de las diputaciones provinciales ha obtenido una respuesta desigual entre las fuerzas políticas e incluso dentro de las filas socialistas se ha ido más allá y se ha llegado a apostar por su clara supresión.

La idea de Rubalcaba ha sido respaldada desde la dirección federal del PSOE por boca del vicesecretario general, José Blanco, también ministro de Fomento y Portavoz del Gobierno, quien se ha manifestado "claramente" a favor de la supresión de esas instituciones "obsoletas".

A su juicio, las funciones que ejercen las diputaciones podrían ofrecerse mejor desde las comunidades autónomas o con servicios mancomunados por los propios ayuntamientos.

Blanco ha recordado que la supresión no afectaría a las diputaciones del País Vasco y Navarra, porque son diputaciones forales.

En realidad, el debate sobre el papel de las diputaciones o de su eliminación no es nuevo, ya que el propio Blanco abrió el melón hace más de un año, cuando se preguntó si tenía sentido que siguieran existiendo estas instituciones en un contexto de crisis económica como el actual.

La directora de la campaña electoral del PSOE, Elena Valenciano, ha coincidido con su compañero de partido en el mensaje de que las funciones de las diputaciones provinciales pueden ser asumidas por otras administraciones.

Valenciano ha calificado de "lamentable" la crítica del PP de que el PSOE quiere eliminarlas porque ha perdido las elecciones del 22-M y ha recordado que este asunto lleva mucho tiempo en discusión, si bien se ha acentuado con la crisis.

Uno de los que más claramente ha defendido el mantenimiento de las diputaciones provinciales ha sido el presidente andaluz, José Antonio Griñán, en cuya opinión "son buenos instrumentos de aprovisionamiento de servicios a municipios que de otra manera no los tendrían".

No obstante, Griñán ha admitido que "es posible también que deban cambiar alguna función que desarrollan ahora mismo".

Su consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, se ha mostrado partidario "a ultranza" de las diputaciones, "se llamen como se llamen", si bien ha abogado por regular sus competencias, como se hizo con la aprobación de la Ley de Autonomía Local de Andalucía.

El expresidente del Congreso Gregorio Peces Barba, que es uno de los padres de la Constitución, ha respaldado suprimir las diputaciones o, al menos, revisar su papel, porque, a su juicio, "basta" con una "administración local".

Sin embargo, el presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés (PSOE), ha defendido el modelo que desarrolla esta institución en la provincia pacense, ya que, según ha asegurado, "ya ha sabido adaptarse" a lo largo del tiempo.

"Algunas tendrán que adaptarse, pero otras como la de Badajoz han sabido adaptarse a lo largo del tiempo", ha indicado.

El alcalde de Toledo, el socialista Emiliano García-Page, ha pedido simplificar la dimensión de la administración pública, lo que "pone en la picota a las diputaciones", aunque ha precisado que esa medida debería tomarse a partir de "un gran acuerdo de Estado".

El coordinador del comité electoral del PSPV, Joaquim Puig, ha apostado por reducir la dimensión y el peso actual de diputaciones, de modo que pasen a ser "una especie de consejo de alcaldes que compartan servicios voluntariamente".

Fuera de las filas socialistas, el conseller de Interior de Cataluña, Felip Puig, se ha mostrado a favor de la supresión, pero ha recordado que precisamente los socialistas las han utilizado por "intereses partidistas y clientelares".

Desde el PP, el consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha acusado a Rubalcaba de desconocer la realidad de regiones como la castellanomanchega, que tiene 840 pueblos de menos de 5.000 habitantes "y hay que dotar de unos servicios".

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