La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido este martes los recursos presentados por PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, justo después de haber cesado como ministra de Justicia. Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala han entendido que las formaciones políticas no tienen legitimación activa para impugnar la decisión adoptada por el Consejo de Ministros por el Real Decreto de 25 de febrero de 2020.
De este modo, la Sala ha avalado el nombramiento de Delgado como máxima representante del Ministerio Público, si bien no ha entrado en el fondo del asunto al entender que los partidos políticos no pueden recurrir este tipo de acuerdos. La sentencia íntegra se conocerá en los próximos días. De los siete integrantes que han formado el tribunal -entre ellos el presidente de la Sala, César Tolosa-, dos han votado en contra de desestimar los recursos de PP y Vox. En este sentido, los magistrados José Luis Requero y Antonio Fonseca-Herrero han anunciado que emitirán un voto particular.
El debate de si los partidos políticos tienen legitimidad para recurrir un acuerdo de estas características ha tenido lugar al inicio de la deliberación, antes de entrar a valorar si Delgado cumple los requisitos de idoneidad e imparcialidad. La Abogacía del Estado planteó la inadmisión los recursos por la falta de legitimidad, si bien los magistrados acordaron posponer esta decisión hasta la sesión de este martes. Ahora, la postura de los servicios jurídicos del Estado se ha visto confirmada por el Supremo.
El problema de la legitimidad era el primer paso a resolver antes de entrar en el análisis de los argumentos expuestos por los partidos de Pablo Casado y Santiago Abascal. Al no superarse esta primera cuestión, los magistrados no han continuado debatiendo, dando carpetazo a los recursos. Fuentes jurídicas han explicado a La Información que la decisión mayoritaria de inadmitir los recursos de los partidos políticos se ha adoptado en base a la numerosa jurisprudencia que existe sobre la impugnación de nombramientos, que será detallada en la sentencia.
Afectarles en procedimientos judiciales
En sus demandas, ambos partidos hicieron especial hincapié en que Delgado no cumplía los criterios de idoneidad e imparcialidad. El PP defendió que la labor de Delgado como jefa de la Fiscalía podía afectarle directamente en aquellos "procedimientos judiciales" en los que los 'populares' se encuentran presentes. En líneas similares se manifestó Vox. Cabe recordar que antes de procederse al nombramiento de un fiscal general del Estado se tiene que recabar el aval del Consejo General del Poder Judicial y del Congreso de los Diputados, que también examinan dichos requisitos. Es cierto que el caso de Delgado contó con la oposición de algunos de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
El nombramiento de Delgado en febrero de 2020 suscitó cierta polémica, ya que se dio justo después de haber sido cesada como ministra de Justicia del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez y tras renunciar a su acta como diputada del PSOE.
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