El Consejo Fiscal de este martes va a ser una fecha clave para renovar los ocho puestos que tiene vacantes la Fiscalía Anticorrupción, entre los que se encuentran las plazas de los dos fiscales del caso Villarejo, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, que investigan en comisión de servicio. El primero de ellos, además, ha estado pendiente hasta este mismo lunes de un expediente interno abierto por posible revelación de secretos, ante las sospechas de connivencia con una de las abogadas personadas por parte de Podemos, que se lanzaron sobre su actuación en ese caso. Fuentes cercanas a la Fiscalía aseguran que ese expediente y toda la polémica que se montó alrededor le alejan de la adjudicación y le abocan a seguir en comisión de servicio o, en su caso, a volver a la Fiscalía de Lanzarote, que es donde figura como titular.
El Consejo Fiscal consta de doce miembros, de los que cinco son miembros de la Asociación de Fiscales (AF) a la que pertenece Ignacio Stampa, si bien fuentes cercanas al proceso aseguran que el nombramiento o no del fiscal para la plaza de Anticorrupción va a depender en gran medida de lo que haga la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que siempre tiene la última palabra en estos casos. Delgado preside el Consejo, secundada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, el fiscal jefe de la Inspección y el jefe de la Secretaría Técnica. Los otros tres vocales pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), más cercanos a las tesis de la fiscal general.
Los vocales informan sobre los nombramientos que se llevarán a cabo este martes, en las que además de los ocho miembros de Anticorrupción, estarán otros cuatro fiscales de Sala, una plaza en el Tribunal de Cuentas y otra en la Audiencia Nacional. Fuentes conocedoras de ese tipo de procesos aseguran que el caso de los dos fiscales Anticorrupción que llevan el caso Villarejo son los más conflictivos, dado que cabe la petición de que la propia fiscal general se abstenga por haber estado implicada en este caso como miembro del Gobierno anterior y "salpicada" directamente por la trama, haber sido aludida en algunas de las escuchas que se publicaron del comisario.
Aunque no es muy probable que Delgado se abstenga en una cuestión de nombramientos, si lo hiciera, la decisión recaería sobre el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, cuya relación con Stampa tampoco ha sido siempre la mejor. Hay sectores del ámbito fiscal que dudan de la imparcialidad de Navajas para analizar el caso de Stampa, no solo por el expediente que pesa sobre él, sino por las duras descalificaciones públicas que vertió en algunos medios sobre su trabajo, por más que se retractara de ellas públicamente hace apenas una semana. Hay quienes ven incluso una confabulación en este caso entre unos y otros, para no poner en duda el trabajo de los fiscales de Tandem, a la vista de eso podría dar lugar a peticiones de nulidad por parte de algunas de las partes y dar al traste con varias de las piezas fundamentales de una macrocausa que acumula 26 separatas conocidas.
“Si seguimos de forma estricta la normativa del Estatuto Fiscal -aseguran fuentes fiscales cosultadas-, Delgado y Navajas no sólo se deberían abstener a la hora de decidir o informar sobre Stampa y Serrano, sino que se deberían salir de la sala en la que se reúne el Consejo Fiscal cuando llegue ese punto”. Aunque eso no llegue a ocurrir, las mismas fuentes cercanas a la inspección abierta sobre Stampa insisten en que no lo tiene fácil para obtener la plaza con un expediente tan cercano.
Luzón a favor y Calvente en contra
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha defendido en todo momento la pulcritud del trabajo de sus dos fiscales, incluso delante del juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, a pesar de las informaciones que apuntaban a que Stampa mantenía una relación muy cercana a una de las abogadas de Podemos personada en la causa, Marta Flor. La investigación abierta sobre su relación con esta letrada se archivó en verano, pero hasta esta misma semana ha estado abierto el expediente sobre una posible infracción de revelación de secretos, derivada de los mensajes y las supuestas reuniones de Stampa con la abogada.
Hace apenas cuatro días se tomaba declaración en ese proceso, desde la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a José Manuel Calvente, el abogado despedido de la formación morada en diciembre del año pasado, acusado de acoso sexual por la propia Marta Flor, un extremo que se ha demostrado que era falso. De hecho, Podemos acaba de reconocer que fue un despido improcedente y ha llegado a un acuerdo con Calvente para indemnizarle como tal. Calvente fue el primero que denunció la posible connivencia entre el fiscal y el equipo jurídico de Podemos (al que él mismo pertenecía) a través de la letrada, a la que ya sacaron del caso desde la formación morada.
Está pendiente, además, el informe que desde la Fiscalía del Supremo debe realizarse sobre la conveniencia o no de investigar a Pablo Iglesias en el Alto Tribunal por un posible delito de denuncia falsa en el caso Dina (la exasesora de Pablo Iglesias a la que robaron el móvil), para cuya realización se deben analizar las actuaciones que han llevado a cabo Stampa y Serrano en ese proceso, que es el que implica a Podemos y la supuesta relación con su abogada. Ese informe está dirigido por el propio Luis Navajas, como teniente fiscal del Supremo, si bien ha delegado en una de las fiscales de Sala, que ha implicado, a su vez, hasta a ocho compañeros de la institución expertos en el área fiscal, en busca de darle peso y credibilidad a la conclusión que eleven a la Sala Segunda, presidida por el juez Manuel Marchena, que es quien tiene que tomar la decisión final sobre Iglesias.
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