Revocan parcialmente imputación a exministra española y vicepresidenta BEI

Sevilla (España), 25 oct.- Un tribunal de Sevilla (sur de España) revocó hoy parcialmente la imputación a la exministra y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, en un caso de corrupción.

El mencionado tribunal ordenó además a la juez Mercedes Alaya, que lleva la investigación sobre el caso de presunto fraude con fondos públicos para desempleados, que explique mejor su acusación pues podría haber alcanzado el "límite máximo" antes de inhibirse.

Alaya imputó a Álvarez de presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación como consejera de Economía y Hacienda del socialista gobierno autónomo de Andalucía (1994-2004).

Más de 120 personas están imputadas en este caso, en el que se investiga el presunto fraude con fondos públicos para desempleados (unos 172 millones de dólares), que fueron destinados a sufragar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) falsos.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia de Sevilla afirmó que la resolución que imputó a Álvarez el pasado 28 de junio apuntaba dos tipos de hechos: su responsabilidad por omisión del uso fraudulento de las ayudas y la supuesta "ideación del sistema, incluida la reforma legal" para hacerlas posible, algo que la juez Mercedes Alaya "no decía explícitamente, como correspondía".

"No se trata de aspectos de detalle, sino de aspectos esenciales, por nucleares, del supuesto hecho delictivo", afirmó la Audiencia, razón por la que ordena a la juez que explique de manera adecuada esos hechos para proteger el derecho de Álvarez a la defensa y a la tutela judicial.

El tribunal sevillano resaltó además que esa "supuesta confabulación o maquinación colectiva alcanzaría incluso a la tramitación de las leyes de presupuestos en sede parlamentaria, en la que están representados más de un partido político, entre ellos aquel al que pertenecen dos acusadores particulares", en referencia al Partido Popular, en el Gobierno español.

Clarificar esos extremos "sería de extrema utilidad, si no necesidad", dado que de ello se podría derivar la imputación de personas aforadas y habría que valorar si su conducta podría o no escindirse de la causa principal" y elevarla al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, añadió el auto.

Los magistrados constatan que el auto que imputó a Álvarez y otros 19 altos cargos del gobierno autonómico andaluz fue el "salto cualitativo" que la juez Alaya anunciaba desde hace varios meses y por ello dice que "cabría pensar que poco más queda por instruir salvo oír a los imputados, lo que podría corresponder en su totalidad al tribunal de aforamiento".

"En tal caso, parece que podría haberse alcanzado el límite máximo de instrucción por el juez ordinario antes de elevarse la causa al juez competente en las causas por aforamiento", concreta.