Ribera descarta ya grandes cambios en los impuestos ambientales por la crisis

"Mensaje de tranquilidad" al tejido empresarial. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado este viernes "grandes cambios" en los impuestos medioambientales teniendo en cuenta un contexto "tan complejo" como el actual. Durante su intervención en el desayuno organizado por el Clúster Marítimo Español, Ribera ha insistido en la necesidad de que España apueste por una economía azul, y ha defendido la importancia "capital" de fomentar proyectos como las autopistas del mar, las conexiones intermodales con los puertos, y los gases renovables.

Según la ministra, "tanto la foto macro como cualquier escenario realizado por analistas expertos muestran que trae a cuenta impulsar una transformación que permita estar preparados para los efectos del cambio climático". Sin embargo, en este proceso "también importa el reparto de esas cifras, tanto en costes como en beneficios" para garantizar una transición justa

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Respecto a las medidas fiscales, Ribera ha advertido de que "hay llamadas reiteradas por parte de organismos internacionales a elevar la presión fiscal ambiental en España, que sigue estando muy por debajo de la presión media en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)", como ya adelantó La Información. A pesar de ser "un debate importante", la ministra cree que "no tiene visos de materializarse con grandes cambios en un momento tan complejo como éste, en el que se está apostando por un acompañamiento fiscal a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las industrias más necesitadas". 

Además, "se ha requerido una flexibilidad respecto a cómo responder a esta emergencia inmediata", a fin de acelerar, de un lado, la transformación del sistema energético, y de otro, de reducir la dependencia de "un proveedor muy importante para la Unión Europea", en alusión a Rusia, "que genera tensiones en precio y suministro".

Gran potencial en la eólica marina

Teresa Ribera ha destacado el potencial de España en el sector de la energía eólica marina y ha recordado que el objetivo es que en 2030 haya instalados entre uno y tres gigavatios (GW) procedentes de esta tecnología. "Junto con Dinamarca y Alemania, somos los tres países europeos con mayor concentración de inversión tanto pública como privada en I+D+i en energía eólica", ha subrayado en un encuentro organizado por el Clúster Marítimo Español sobre el futuro energético y en relación con la economía azul.

En ese línea, Ribera ha recordado que la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) duplicó en 2021 la cifra objetivo de potencia eólica 'offshore' instalada a nivel mundial frente a la establecida en 2019 para cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático y la situó en 380 GW para 2030 y en 2.000 GW para 2050. "Entre las energías de origen marino, la eólica marina es la que a fecha de hoy tiene mayor potencial. España es un líder mundial en el contexto industrial en materia de energía eólica, con 28,8 GW de potencia instalada y con un peso específico muy importante en el conjunto de la cadena de valor de producción de bienes de equipo para la eólica 'offshore'".

Por ello, la ministra ha insistido en que desde el Gobierno se contempla "aprovechar las condiciones que presenta España" para el despliegue de la eólica marina, aunque ha reconocido que todavía es necesario un impulso y un desarrollo tecnológico que la haga "comercialmente viable, junto con otras energías del mar", como la que generan las corrientes o la fotovoltaica flotante, por ejemplo. En esa línea, ha destacado que para el desarrollo de la hoja de ruta de la eólica marina y de las energías del mar, publicada en diciembre del año pasado, se requerirán planes específicos para cada una de ellas y ha recalcado que se movilizará un volumen de recursos "muy importante". Asimismo, Ribera ha hecho hincapié en que la economía azul genera el 5% del empleo y el 3% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que el sector marítimo aporta unos 33.000 millones de euros en valor añadido y en torno a un millón de puestos de trabajo.