Un urbano niega romperle la boca a un vendedor y dice que fue grabado excepto en 42 segundos

Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona acusado de romperle la mandíbula de un puñetazo a un vendedor ambulante bengalí en la comisaría de La Rambla ha negado la agresión este martes durante el juicio, alegando que no hubo tiempo material para hacerlo puesto que solo hay 42 segundos en los que no fue grabado por una cámara de seguridad y en ninguna filmación aparece golpeándole.

En su declaración este martes en el juicio en la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, el acusado Daniel B. ha admitido que no recuerda exactamente lo ocurrido ese día porque diariamente en La Rambla realiza numerosas actuaciones con vendedores ambulantes, pero se ha reconocido en las cámaras de seguridad de comisaría junto a la víctima el 9 de julio de 2011, cuando ocurrieron los hechos.

Según ha explicado, no se hizo constar la actuación para identificar al vendedor en ninguna minuta ni informe policial porque no la consideró una diligencia policial relevante, lo que ha admitido que fue "un fallo", pero ha añadido que no tenía ninguna voluntad de esconder nada y que si así hubiera sido, no hubiera llevado al hombre a comisaría porque sabe que allí hay cámaras.

Ha declarado que conoce al vendedor de haberle visto en numerosas ocasiones por La Rambla y ha asegurado que no tiene nada en contra de él ni de ningún vendedor, además de puntualizar que le llevó a comisaría a efectos de identificación y para cachearle por si tenía productos para vender.

El testimonio de la víctima, no exento de complicaciones porque se ha tenido que cambiar de traductor de bengalí porque el primero no traducía bien al castellano, ha generado alguna contradicción respecto a lo explicado durante la fase de instrucción, que ha podido deberse tanto a matices de traducción como a sus propias incoherencias.

Así, en un primer momento ha negado ser vendedor ambulante pero después lo ha admitido y, sobre donde ocurrió la agresión en las dependencias policiales, ha asegurado que fue en un pasillo al entrar en comisaría, y no en la planta de abajo como constaba en los autos.

Según su relato durante el juicio, dos agentes le llevaron a comisaría en el coche patrulla y le recriminaron la falta de respeto a la policía, le hicieron bajar del coche haciéndole sentir como un "ladrón" y, una vez dentro, el acusado --el otro policía se quedó en el coche-- le propinó un puñetazo y le rompió la mandíbula y, cuando cayó al suelo, le pateó dos o tres veces en las manos.

Poco después salió por su propio pie de comisaría, se encontró con un amigo con el que había quedado en la parada de Metro de Liceu que le estaba buscando y fueron al ambulatorio Perecamps, de donde fue derivado al Hospital Vall d'Hebron por la gravedad de su herida.

Entre llantos, ha explicado que desde entonces no puede masticar con normalidad del lado izquierdo y que siente vergüenza cuando ve a personas que le conocían antes de la agresión porque ha quedado desfigurado.

TRAUMATISMO DIRECTO

En el juicio ha intervenido por videoconferencia la médico forense que hizo el informe definitivo, quien ha asegurado que la lesión en la mandíbula era causada por un traumatismo directo y que no constaban otras lesiones.

Un perito experto en maxilofacial de parte de la defensa ha discrepado afirmando que este tipo de lesiones pueden deberse también a una extracción de muela o a una caída, abonando la tesis de la defensa de que la víctima se produjo la lesión anteriormente.

También ha recalcado que no consta en los informes médicos que tuviera hematomas o inflamación en la zona del golpe, cuando la lógica indicaría que una fractura de estas características debería ir acompañada de estos síntomas.

Este facultativo ha considerado "extraño" que la víctima pudiera salir por su propio pie de comisaría, tal como se observa en las grabaciones de la cámaras de seguridad, y que tuviera unos movimientos normales cuando una lesión en la mandíbula es de las que generan un dolor más insoportable.

El agente se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cinco años de cárcel por un delito contra la integridad moral y otro de lesiones, además de una indemnización a la víctima con 19.000 euros por lesiones, secuelas y el ataque a su integridad moral.

Como acusación particular, SOS Racisme pide para el urbano una pena de seis años y medio de prisión por los mismos delitos, con el agravante de motivos xenófobos y racistas, y 18.588 euros de indemnización.