El penúltimo presidente de Banco Popular Ángel Ron insiste en que la entidad cumplió toda la normativa vigente a la hora de acometer la ampliación de capital en 2016 por más de 2.500 millones de euros. En un reciente escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga las circunstancias que provocaron que la entidad fuera resuelta en junio de 2017, los abogados de Ron reprochan a la Fiscalía Anticorrupción que, tres años después de que los peritos del Banco de España afirmaran que la entidad era viable a la hora de llevar a cabo esta operación, intente buscar pruebas que demuestren lo contrario: que había déficit de capital.
Así lo indica la defensa en un escrito presentado este mismo martes, al que ha tenido acceso La Información, en el que asegura que las últimas cuentas antes de la ampliación de capital -que se aprobó en mayo de 2016 bajo el mandato de Ron- reflejaban una "imagen fiel". En este sentido, el equipo legal liderado por el bufete Choclán asegura que "llama poderosamente la atención" que Anticorrupción afirme ahora que las reclasificaciones de créditos de normal a dudoso tuvo un impacto en los números de 2015 y que se base en ello para justificar ante el juez la necesidad de que los peritos del Banco de España amplíen el informe que elaboraron en abril de 2019, para tratar de acreditar la tesis del Banco Central Europeo (BCE). El objetivo sería que los peritos afirmen que existía una "carencia de provisiones de 1.800 millones de euros a 31 de diciembre de 2015", identifican los abogados.
En concreto, los peritos del Banco de España concluyeron en un documento firmado el 8 de abril de 2019 que Banco Popular "no era inviable" en el momento de la ampliación de capital, si bien esta afirmación es contraria a la manifestada por el organismo europeo, que advirtió que el banco sí tenía una serie de dificultades. Así lo destacó a principios de marzo el inspector del BCE Jesús Fernández Martínez Usano, en su declaración como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama. Durante su comparecencia -que se alargó dos jornadas-, ratificó el informe que elaboró su equipo sobre crédito reestructurado y destacó que la entidad financiera tenía un déficit de provisiones, que cifró de entre 1.100 y 1350 millones de euros, a causa de una liberación de coberturas, que se habría hecho de manera contraria a la legalidad.
Cumplir las normas internacionales
Así, ante esta declaración, Anticorrupción solicitó la ampliación del informe pericial entregado en 2019. El juez de la Audiencia Nacional dio luz verde a dicha diligencia y reclamó al BCE que pusiera a disposición de los expertos españoles todo el trabajo de inspección 'in situ' que hizo sobre Popular. En este sentido, los abogados de Ron afean al Ministerio Público que intente aplicar los "hallazgos" de los inspectores de manera retroactiva a las cuentas de 2015 y que se ponga en duda la actuación de la entidad sobre si debió actuar conforme a la Circular 4/2004 del Banco de España, que marca las normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros. "Banco Popular, en sus estados consolidados, que son los que sirven de base a la ampliación de capital de 2016, tiene que cumplir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), no los criterios introducidos posteriormente por la circular del Banco de España", indica el expresidente de Popular al respecto.
"Las cuentas de 2015 respondían a los criterios contables derivados de la normativa en vigor en ese momento; y las cuentas de 2016 reflejaban los resultados registrados de acuerdo con una normativa contable que entró en vigor en las cuentas de ese año de forma prospectiva, no retrospectiva, como se pretende ahora por el Ministerio Público", añade el escrito. Así las cosas, los abogados de Ron recuerdan a lo largo de 14 páginas que los expertos del Banco de España no encontraron razones para "dudar sobre el incumplimiento de la normativa en lo que respecta a la clasificación contable de las operaciones en las cuentas anuales de 2016".
Asimismo, Ron se apoya en un informe incorporado al sumario del 'caso Popular' a finales del pasado mes de marzo, en el que otros peritos del Banco de España subrayan que sus compañeros ya conocían en abril de 2019 el trabajo de inspección del BCE, que se centró en el examen de una muestra de 100 acreditados reestructurados o refinanciados. De este modo, avanzan que, al igual que entonces, no se puede realizar el "ejercicio retrospectivo pretendido". Según reproduce el escrito del expresidente de Popular, los funcionarios del organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos ven imposible "recalcular" el déficit descrito por la institución que lidera Christine Lagarde, al tiempo que advierten de que las deficiencias puestas de manifiesto en la inspección europea se hicieron en base a la circular aprobada por el Banco de España en 2004, que no se encontraba en vigor a 31 de diciembre de 2015.
Nuevas diligencias
Con todo ello, el expresidente del Banco Popular solicita al juez Calama una amplia batería de diligencias para demostrar que no hubo un incumplimiento de la normativa. Así, solicita que los peritos designados por la Audiencia Nacional calculen "qué incremento de los coeficientes de solvencia" se habrían obtenido si se hubiesen ejecutado las medidas previstas en el Plan de Negocio presentado en el Consejo de Administración del 10 de abril de 2017, que estimaba contar con hasta 3.500 millones de euros adicional.
En esta línea, interesa también que el BCE aporte más documentación para aclarar el criterio que ha aplicado en la totalidad de sus inspecciones a bancos "en relación a cuando debe registrarse el requerimiento o recomendación de mayores provisiones": si una vez que se reciben las conclusiones del supervisor, al considerar que es una nueva estimación contra las cuentas de ese año, o por el contrario se entiende como un "error" de ejercicios anteriores. Ron enfatiza que Banco Popular hizo una solicitud de nuevas provisiones en base a "recomendaciones" realizadas por los supervisores, pero no por "producirse un incumplimiento regulatorio", sino porque consideraron que "era más adecuado aplicar un criterio contable más conservador". Por ello, considera necesario reclamar esta información al organismo europeo.
A toda esta documentación se añade el manual del 'Asset Quality Review', es decir, la revisión de la calidad de los activos; así como numerosos archivos relativos al examen que se hizo a la entidad extinta al respecto. Además, la defensa señala que ha tenido conocimiento de que, "durante la preparación y análisis" de la mencionada inspección de calidad al Banco Popular, representantes del Banco de España, del BCE, y de las consultoras KPMG y Oliver Wyman mantuvieron una serie de encuentros. Por ello, solicita al juez que requiera a la institución que dirige Hernández de Cos las actas de 12 encuentros celebrados entre el 31 de marzo y 16 de junio de 2014 sobre este asunto. Agrega a esta solicitud, que se reclame también a KPMG la identificación del equipo que participó en la Revisión de Procedimientos Acordados a 31 de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2016; y toda los documentos que la consultora manejó para alcanzar sus conclusiones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios