El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de investigar los motivos que llevaron al Banco Popular a desaparecer, pide más documentación. En esta ocasión, exige de manera "urgente" al Banco Central Europeo (BCE) que remita, en el plazo de 20 días, información muy concreta que sus inspectores utilizaron para concluir, en septiembre de 2016, que el banco tenía una falta de provisiones de hasta 1.300 millones de euros. Un resultado que ha puesto aún más en duda la actuación de los últimos gestores de la entidad, que fue resuelta en junio de 2017. Así, el magistrado ha realizado dicha reclamación tras atender las peticiones de los peritos judiciales, a los que se ha encargado redactar un análisis más completo sobre el déficit de cobertura.
A mediados de este mes de marzo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 solicitó a los expertos del Banco de España Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, designados como peritos en esta causa que se inició en octubre de 2017, que amplíen las conclusiones que plasmaron en un informe entregado el 8 de abril de 2019. En dicho documento afirmaron que Banco Popular "no era inviable" en la ampliación de capital por 2.500 millones de euros, aprobada en mayo de 2016 bajo la presidencia de Ángel Ron. Según su criterio, el patrimonio neto de la entidad era de 11.088 millones de euros y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones de euros. Aún así, advirtieron que las cuentas reflejadas en el folleto de la operación "no respetaban determinados aspectos de la normativa contable" y algunas de las hipótesis eran demasiadas optimistas.
Esta tesis choca frontalmente con las conclusiones que dos inspectores del Banco Central Europeo (BCE) manifestaron recientemente ante el magistrado instructor. Ambos supervisores, que vigilaron al Popular en su última etapa, aseguraron que la entidad bancaria sí tenía dificultades antes de la ampliación de capital. En detalles concretos entró el inspector Jesús Fernández Martínez Usano, cuya declaración duró dos jornadas y ratificó el informe que elaboró su equipo sobre crédito reestructurado. Afirmó que, pese a que no se hace referencia en su documento, durante la inspección se detectaron deficiencias en Popular y que se debían en gran parte a una debilidad de los controles internos de tratamiento de riesgos, según indicaron fuentes jurídicas presentes en la comparecencia.
Asimismo, el inspector advirtió de que en 2016 hubo un déficit de provisiones, que cifró de entre 1.100 y 1350 millones de euros, a causa de una liberación de coberturas, que se habría hecho de manera contraria a la legalidad. Las conclusiones del BCE se alcanzaron tras examinar una muestra de 100 acreditados reestructurados o refinanciados. Debido a una serie de dificultades, en abril de 2016, los inspectores solo habían revisado el 75% de la muestra elegida, que llevaron a considerar que, al menos, 2.380 millones de euros debían ser clasificados en "dudosos riesgos" y que existía un déficit de 1.824 millones de euros. En la misma muestra también se encontró 1.186 millones de euros en "exposiciones reestructuradas y no identificadas como tales."
Documentación de los 100 acreditados
Así las cosas, tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Calama solicitó a los peritos del Banco de España que retomaran su pericial con el objeto de "determinar si a 31 de diciembre de 2015 se mantenía el déficit de provisiones" que consignó el Banco Central Europeo. Para ello, el magistrado instructor ordenó hacer un rastreo contable de los mismos 100 acreditados que fueron objeto de examen por el BCE, por lo que los expertos designados a este procedimiento judicial solicitaron los "papeles de trabajo de la inspección al Banco Popular".
En atención a la solicitud de los peritos de la institución que dirige Pablo Hernández de Cos, el instructor ha requerido, en dos resoluciones a las que ha tenido acceso La Información, que la institución europea remita sin demora la "documentación completa de cada uno de los 100 acreditados de la muestra incluyendo la documentación facilitada por Banco Popular, los análisis efectuados y el detalle del cálculo del déficit de provisiones". El expediente debe ser completado con el inventario detallado de las operaciones de cada uno de los acreditados, en el que conste identificación de los titulares, el tipo de operación, el saldo de la misma, la clasificación contable, las provisiones asignadas o la calificación o no como refinanciado.
Ante posibles negativas o impedimentos que pueda dar el BCE, como ha ocurrido en otras ocasiones tras pedir determinados datos, el magistrado repasa la normativa del organismo sobre la divulgación de información confidencial y señala que la documentación que solicita ahora "no conlleva ninguna injerencia" en su independencia o funcionamiento, ni compromete los intereses de la Unión Europea. De hecho, recalca la necesidad de colaboración para "esclarecer los hechos que están siendo objeto de investigación".
Requerimiento a Santander
La petición de documentación se extiende asimismo al Banco Santander, quien adquirió el Popular tras la resolución. Se le requiere que proporcione información sobre "todos los acreditados" supervisados por el BCE, como es la posición contable de los mismos en tres fechas determinadas: 30 de junio de 2015, 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016. A ello se debe añadir el inventario del importe de las operaciones identificadas como refinanciadas; apuntes contables que documenten la modificación de las dotaciones y sus cuantías; expedientes de algunos de los acreditados donde BCE detectó un déficit de provisiones junto a datos de aquellos que, entre junio y diciembre de 2015, haya variado el saldo clasificado como dudoso o las provisiones asignadas; así como informes de las operaciones concedidas a estos acreditados y su análisis de riesgo.
En la resolución por la que el juez de la Audiencia Nacional acordaba una nueva prórroga de la causa sobre la caída del Banco Popular hasta el próximo 29 de julio, ya advertía de que en este fase se centraría en la financiación de clientes para la ampliación de capital. En ella destacó la importancia que tendría los testimonios de los peritos del BCE, debido a que ayudarían a aclarar "aspectos relevantes relacionados con una probable infradotación de provisiones en el balance" del banco extinto. En esta línea, el magistrado creó una pieza separada y secreta para investigar este punto y solo unos días después pidió al Banco de España que remataran el informe pericial que entregó hace tres años.
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