Río de Janeiro, 31 oct.- La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó hoy que es deber del Estado sacar a la luz los crímenes de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985, que serán investigados por una comisión parlamentaria.
La llamada Comisión de la Verdad, aprobada la semana pasada por el Senado, "representa el rescate de la historia aún desconocida" de Brasil, va a hacer el Estado "más transparente" y garantizará "el ejercicio pleno de la democracia", en palabras de Rousseff.
"Esta comisión es importante para que la población y las generaciones futuras conozcan los hechos que ocurrieron en el pasado, principalmente durante la dictadura militar, cuando hubo personas que desaparecieron, fueron muertas y otras torturadas", dijo la mandataria en su programa semanal de radio.
La jefa del Estado señaló que esa parte de la historia brasileña fue contada "en un régimen de censura, arbitrario y de represión", en el que no existía libertad de expresión.
Rousseff, quien sufrió torturas cuando estuvo presa durante dos años por su oposición al régimen militar, recalcó que "la intención" de la comisión se limita a aclarar los "muchos episodios no esclarecidos" de esa época "para que nunca vuelvan a ocurrir".
"El conocimiento, la información y la verdad son indispensables para el ejercicio de la ciudadanía. Y las nuevas leyes tratan justamente de esto", comentó.
La Comisión de la Verdad va a investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en un período más amplio, que abarca desde 1946 hasta 1988, año de la promulgación de la actual Constitución, que consolidó la transición a la democracia.
Las investigaciones retrocederán hasta una época en la que los militares acababan de tomar el poder después de dar un golpe de Estado a finales de 1945 contra el presidente Getulio Vargas, quien regía Brasil con una dictadura de corte populista.
Esa época militar duró hasta 1951 y fue menos violenta que la última dictadura, que imperó entre 1964 y 1985 y supuso el período en que se cometieron mayores violaciones a los derechos humanos en el país suramericano.
Se calcula que en esas dos décadas desaparecieron cerca de 200 personas por motivos políticos, mientras que miles de activistas fueron arrestados y torturados.
Rousseff fue encarcelada y torturada entre 1970 y 1972 por su militancia en los grupos armados Colina (Comando de Liberación Nacional) y VAR-Palmares, aunque la mandataria siempre ha negado su participación en acciones violentas.
El grupo especial podrá determinar responsabilidades pero no tendrá cómo llevar a los posibles acusados ante la Justicia, pues una amnistía decretada en 1979 y ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal ampara a los torturadores y a quienes se alzaron en armas contra el régimen.
Las investigaciones durarán dos años, en los que se va a elaborar un informe que será hecho público y luego depositado en el Archivo Nacional.
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