El Gobierno ha cambiado de destino más de 1.100 millones de euros de gasto público desde que se iniciara la crisis sanitaria para reorientar esos fondos hacia los flancos del Estado más exigidos por las necesidades generadas en la lucha contra la Covid-19. Se ha congelado la compra de materiales de uso común en la Administración para destinar los recursos ahorrados a la compra de materiales de protección sanitaria, se han reducido las transferencias a agentes privados (empresas, particulares y entidades sin ánimo de lucro) para reforzar la financiación de las comunidades autónomas en plena crisis sanitaria y se han recortado todo tipo de inversiones para canalizar esos recursos a las actuaciones de contingencia que el Ejército se ha visto obligado a realizar durante estas semanas.
En medio de esa gestión presupuestaria de guerra, en la que los recursos se orientan allí donde son más necesarios para contener la pandemia, entre créditos extraordinarios para poder sufragar la compra de mascarillas, ampliaciones de crédito para poder atender el gasto extra derivado del repunte del paro y suplementos de crédito para poder enviar más fondos a las comunidades autónomas, el Gobierno ha colado también un incremento de nada menos que el 12,5% en el crédito presupuestario destinado a pagar las nóminas del batallón de cargos de confianza que se ha incorporado al Ejecutivo para dar servicio a la no menos dilatada lista de altos cargos del Gobierno de coalición de las izquierdas.
Como adelantó La Información, la macroestructura diseñada por el Gobierno de coalición y la incorporación masiva de asesores al servicio de la nueva hornada de altos cargos nombrados para darle contenido no sólo ha elevado la cifra de asesores gubernamentales a sueldo del Estado a cotas sin precedentes sino que también amenazaba con desbordar el crédito presupuestario previsto para este capítulo en los Presupuestos del Estado prorrogados de 2020. Éste estaba dotado con poco más de 43 millones de euros cuando una proyección moderada del coste anual estimado con la plantilla de cargos de confianza de este año apuntaba a una factura superior a los 55 millones de euros.
Los datos sobre los movimientos dentro del Presupuesto acaecidos en el mes de abril, que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda, revelan que el Ejecutivo no sólo actuó durante ese mes para sacar de dónde podía recursos para afrontar la factura del coronavirus - más de 4.000 millones de euros en total - sino que también empezó a cerrar esa brecha entre el dinero disponible para pagar a los cargos de confianza que tiene en nómina y el que realmente va a necesitar para poder hacerlo. En concreto, Hacienda ha elevado hasta los 48 millones de euros el crédito destinado al pago de los asesores del Gobierno por la vía de de extraer cinco millones de euros de la cuenta general para pagar a los funcionarios e inyectarlos en la subcuenta reservada para pagar a eventuales.
Se da la circunstancia de que en pleno debate en torno a la percepción de una posible compensación o premio salarial especial a los empleados públicos de servicios esenciales que han continuado realizando su labor en lo más duro de la pandemia y en condiciones bastante extremas, en muchos casos sin las medidas de protección adecuadas, el Gobierno optó en abril por inyectar un mayor número de recursos a la cuenta de 'personal eventual' que a la de 'incentivos al rendimiento', con la que se financian este tipo de gratificaciones especiales.
Transparencia a los tribunales
El de los asesores del Gobierno no es un asunto pacífico. Su proceso de nombramiento es básicamente discrecional. No se valora el mérito y la capacidad de los nombrados para desempeñar el (bien pagado) puesto de asesoramiento que ocupan, y su designación depende única y exclusivamente de la decisión del alto cargo de turno sin que se evalúe ni a priori ni a posteriori la adecuación de la persona elegida al cargo. Un canal de entrada que ha puesto estas figuras bajo sospecha permanente.
Pero es que además sus condiciones laborales y, particularmente, el sueldo son uno de los secretos mejor guardados de la Administración. Sólo se conoce una excepción. Fue en 2015, en plena crecida del principio de transparencia, el Gobierno se animó a publicar la identidad, la asignación por ministerios y el sueldo de todos los asesores de la Administración del Estado y el revuelo interno causado fue de tal magnitud que el Ejecutivo decidió aparcar dicha práctica de transparencia para evitar males mayores.
Hubo, no obstante, algún rincón de la Administración dónde no se perdió la esperanza de incrementar la transparencia sobre los casi clandestinos gabinetes de los altos cargos del Gobierno. La Dirección General de Gobernanza Pública del Gobierno de Mariano Rajoy, dirigida entonces por María Pía Junquera, una de las altas funcionarias con mejor reputación del área de Función Pública de la Administración del Estado, pidió criterio al Consejo de Transparencia y a la Agencia de Protección de Datos sobre la posibilidad de hacer pública la información sobre los cargos de confianza. La respuesta, convertida en criterio asentado del Consejo de Transparencia hace apenas unas semanas, fue que era publicable el nombre y apellidos del cargo de confianza, el ministerio y el gabinete donde desempeña sus funciones, el servicio concreto que tiene encomendado dentro de esa estructura, la fecha de ocupación del puesto y la retribución que tiene asignada.
El pronunciamiento de Transparencia y Protección de Datos y la última resolución favorable de Transparencia a la petición de la Fundación Civio de que se publique la información de los asesores del Gobierno no han servido de mucho. Presidencia del Gobierno ha optado por ir a la jurisdicción contencioso-administrativa antes que acatar la resolución de Transparencia y publicar una información que según el organismo encargado de interpretar la legislación española en esta materia y la Agencia de Protección de Datos es perfectamente publicable: "El personal eventual está intrínsecamente ligado al personal denominado como alto cargo, -dado que, entre otras circunstancias, cesan automáticamente con el cese del cargo a quien presta función de confianza o asesoramiento -, parece razonable pensar que su régimen de transparencia habrá de ir igualmente unido al régimen de transparencia previsto para los altos cargos que les han nombrado"
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