La supresión de las diputaciones provinciales, una de las cinco condiciones a las que Ciudadanos ha ligado cualquier acuerdo con el PSOE, aceptada por Pedro Sánchez, genera una alta discrepancia en el partido.
De hecho, esta exigencia es la más problemática para el líder socialista, ya que muchos de sus barones, algunos ya muy críticos con sus negociaciones, tienen en las diputaciones uno de sus reductos de poder más importantes.
La intención de Rivera es que esta administración sea suprimida para que sus competencias sean asumidas por las comunidades autónomas, ya que, considera, sirven únicamente para colocar a cuadros intermedios locales y regionales del PP y del PSOE y ocasionan un gasto extra.
En 2011, el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, propuso sustituir estos organismos por la misma fórmula que Sánchez recupera ahora, un “Consejo de Alcaldes”, pero reculó precisamente por la alta oposición de sus dirigentes territoriales.
El entonces secretario general del PSOE defendió que suprimir los 1.037 diputados existentes de las 38 diputaciones permitiría evitar duplicidades y no requería de una reforma de la Constitución.
La propuesta, no obstante, quedó descartada y el actual programa electoral del PSOE no solo no apuesta por suprimir estos organismos sino por reforzarlos. En el texto se explicita que es necesario redefinir su función como “espacio de encuentro” para dotarlas de “competencias prestadoras de servicios” complementarias a los municipios.
Los barones socialistas han hecho una notable defensa de estos entes provinciales. De hecho, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acostumbra a destacar su función para impulsar el progreso y el empleo en los territorios.
“Es necesario reivindicar el papel de las Diputaciones en este momento como garantía de prestación de servicios a los que los ciudadanos de municipios más pequeños tienen legitimo derecho, por su contribución al equilibrio territorial, por mantener su capacidad inversora para alentar e impulsar el desarrollo social y económico de nuestros pueblos”, dijo, en una intervención en la Diputación de Sevilla.
Con la eliminación de las diputaciones, Sánchez ha aceptado otras cuatro exigencias que, en principio, no generan divisiones: la supresión de aforamientos de los diputados y senadores-también en parlamentos autonómicos- la reducción a 250.000 de las firmas necesarias para impulsar las iniciativas legislativas populares, la despolitización de la Justicia- el líder socialista ha propuesto reducir a la mitad los 20 vocales del CGPJ- y la limitación de los mandatos a ocho años para el presidente del Gobierno.
Sánchez ha precisado que “cuando hay voluntad de cambio hay voluntad de acuerdo" para avanzar que el pacto con el partido de Rivera estaría ya prácticamente ultimado.
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