Más de medio millón de euros. Es lo que ha pagado el Ministerio de Sanidad a Accenture por su apoyo técnico para el estudio nacional de seroprevalencia que se activó al inicio de la pandemia para analizar el porcentaje de población que presenta anticuerpos contra el coronavirus. El pasado mes de mayo La Información adelantó en exclusiva que la consultora estaba llevando a cabo trabajos en este ámbito, pero el Gobierno no ha publicado el contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta este martes, 15 de diciembre. Más de medio año después de que se adjudicase a la consultora el contrato, negociado sin publicidad y por la vía de emergencia, el departamento que dirige Salvador Illa revela ahora que la factura con esta empresa por el citado encargo asciende a 586.067 euros.
El acuerdo de adjudicación del contrato se celebró el día 27 de mayo, pero el Ministerio de Sanidad ordenó a Accenture el inicio de los trabajos con fecha 10 de abril, según consta en el documento de acta de resolución. Ante una situación sanitaria crítica por la extensión de los contagios, se optó por la tramitación de emergencia, porque se consideró necesario "conocer las verdaderas dimensiones de la epidemia de Covid-19 en España y cuál es el estado inmunológico de la población (...) así como monitorizar de forma dinámica la evolución de la infección". Para alcanzar esos objetivos, se puso en marcha el estudio estadístico sero-epidemiológico con una duración inicial de 12 semanas, en tres rondas, que después se amplió en otra ronda adicional de la que se acaban de conocer los resultados.
Con este objeto, se adjudicó a Accenture un contrato para el "desarrollo, implantación y operación de los sistemas de información requeridos para el estudio estadístico sero-epidemiológico sobre una base estimada de 74.880 personas", ante la carencia en el ministerio de medios humanos suficientes y con la especialización técnica requerida para la prestación del servicio. Sanidad había identificado potenciales complejidades relacionadas con el elevado volumen de centros de salud y gestión de citas, así como de test rápidos y muestras serológicas; las limitaciones en el control y calidad de los datos por la urgencia de tiempos; la variedad de formas de trabajo en cada comunidad autónoma, etc., lo que obligó a externalizar los servicios.
En este contexto, Accenture se encargó desde el principio del desarrollo informático de la herramienta para dar soporte al estudio, así como del propio análisis, diseño y despliegue de la aplicación web para usuarios de las comunidades autónomas. Sin embargo, el Gobierno no informó en ningún momento de que el Ministerio de Sanidad estaba contando con la colaboración de empresas privadas, además de entes públicos como el Instituto de Salud Carlos III o el Instituto Nacional de Estadística (INE). En la presentación oficial del folleto se asegura que Sanidad es "responsable de la plataforma informática desarrollada específicamente para la recogida de toda la información del estudio, coordinándose con los sistemas de información de todas las comunidades autónomas", pero no se hace ninguna mención ni a Accenture ni a ninguna compañía del sector privado.
En cualquier caso, Accenture no es la única consultora a la que ha recurrido Salvador Illa para los trabajos del estudio ENE-COVID. Existe otra adjudicación a Deloitte por un importe menor, de 278.058 euros, también negociada sin publicidad y por tramitación de emergencia, con fecha del 7 de abril y publicada en la Plataforma de Contratación del Estado en octubre. En este caso, los trabajos también se iniciaron el pasado mes de abril, con una duración de 12 semanas. Deloitte se ha encargado, según consta en el acta de resolución, de distintas labores de asistencia técnica, al igual que Accenture, aportando perfiles con conocimientos en proyectos sanitarios. En ambos casos, las adjudicatarias firmaron contratos de confidencialidad y tratamiento de la información de carácter personal.
Pero más allá del estudio de seroprevalencia, el Gobierno ha echado mano de Accenture en más ocasiones a lo largo de la pandemia. Ya a finales de marzo el Ejecutivo, también a través del Ministerio de Sanidad, le encargó la "definición, implantación y operación de un cuadro de mando para el Centro de Mando y Control de la evolución del Covid-19" por 295.603 euros. Un mes después, el 20 de abril, se dejó en manos de la misma empresa el servicio de soporte para el citado cuadro de mando por otros 454.016 euros. Además, en junio, se firmó otro contrato para "servicios de operación y explotación de indicadores sobre contención y prevención frente a la enfermedad Covid-19 en el Ministerio de Sanidad", por 372.438 euros.
Una factura de 2 millones
Así, en total, la factura de Sanidad con Accenture durante la pandema asciende ya a más de 1,7 millones de euros y el gasto total en estos trabajos externalizados, si se suma el contrato con Deloitte, roza los 2 millones. Eso, por el momento, ya que hay que tener en cuenta que la mayoría de los contratos se empezaron a conocer en el último trimestre, porque la plataforma de contratación del sector público no funcionó con normalidad durante los meses del anterior estado de alarma por la ingente cantidad de contratos de emergencia que se tramitaron.
Sanidad no es, en cualquier caso, el único departamento que ha subcontratado a empresas ante la falta de medios propios para reaccionar a la pandemia con una respuesta potente en diferentes ámbitos. Destacan, por cuantiosos, los encargos de la Seguridad Social a la filial tecnológica del holding público Tragsa para la tramitación de la avalancha de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las encomiendas de gestión a la misma empresa, Tragsatec, para su apoyo en la tramitación de la casacada de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en el pico de la crisis o en la gestión de nuevas prestaciones como la habilitada para las empleadas del hogar que perdieron su trabajo durante el confinamiento.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios