Es el día de la marmota. Cada vistazo a la situación de la 'megacompra' de material sanitario que anunció la cartera de Salvador Illa da cuenta de que la segunda ola ha amainado antes del desembarco de sus EPI. Sanidad se ha visto obligada a corregir errores en los documentos que daban cuenta de la adjudicación de seis de los once lotes licitados... más de tres meses después de la fecha que el departamento estipuló para la llegada de los primeros equipos. El Acuerdo Marco, por valor de 2.500 millones, esperaba resolver los problemas de suministro antes del segundo envite del virus. El retraso es manifiesto y la factura de los EPI ensancha su agujero en las cuentas de las CCAA. También en las arcas de Interior y Defensa.
"Se trata de meros errores puntuales, que solo han afectado al texto de la resolución de adjudicación, pero no al contenido del Acuerdo Marco que firman las compañías", tranquiliza la cartera en conversaciones con La Información, "Por todo ello, no asciende a ningún monto y no afectan a ninguna llegada de material". La incidencia es leve dentro de un proceso de tal magnitud. La última gota del vaso de contratiempos que acumula la 'megacompra' de Sanidad.
El tapón en el aterrizaje de equipos, a través de ese 'puente aéreo' que anunció el Ministerio, ha dejado a la cartera de Margarita Robles como una de las más afectadas por la factura del material de protección. A principios de noviembre, el Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE) aceleró los trámites para blindar los cuarteles. Desde Tierra, sellaron seis contratos por más de 5,3 millones de euros a fin de asegurar la disposición de mascarillas, batas, monos... los mismos equipos que el departamento iba a recibir gracias al Acuerdo Marco. A esto hay que sumar los contratos menores, como el que firmó la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico hace apenas un mes, para hacerse con un cargamento de mascarillas por cerca de 15.000 euros.
Un vistazo a los portales de contratación del Estado es suficiente para comprobar que las carteras de Interior y Defensa también han llenado los almacenes por su cuenta. El departamento de Fernando Grande-Marlaska tampoco se libra del desembolso. Entre el stock adquirido solo el pasado mes, destaca la compra de mascarillas quirúrgicas, FFP2 y desinfectante de superficies que selló la cartera en noviembre por valor de 1.575.000 euros. Un material que apenas compone tres de los ocho lotes que la cartera adjudicó, sin publicidad, para cubrir las necesidades de la Dirección General de la Policía. El martes pasado, el Consejo de Ministros aprobó la compra, por la vía de emergencia, de 650.000 mascarillas higiénicas reutilizables para la Guardia Civil, por importe de 1.045.000 euros.
Algunas CCAA todavía no han formalizado sus pedidos a través del Acuerdo Marco. "Aún no hemos realizado contratos derivados, estamos estudiando la licitación y analizando los precios de adjudicación", trasladan a este medio fuentes del Ejecutivo cántabro. En Cantabria apuntan a una vía alternativa. "Desde Cantabria hemos desarrollado procedimientos propios para adquirir los productos objeto de licitación de Ingesa, y el retraso y las rectificaciones no han afectado al ritmo de compras ni a nuestros stocks de seguridad".
Lo mismo ocurre con Madrid o Andalucía, que han asegurado un stockaje por su cuenta que, si las previsiones no fallan, asegurarán el suministro durante varias semanas. En ambos casos, la factura también rebasa el millón. En el caso de la Junta andaluza, el mayor desembolso se produjo en octubre, cuando el Ejecutivo regional invirtió una partida de 120 millones para garantizar un estocaje de test, batas, gorros, mascarillas… para cubrir las necesidades de la crisis sanitaria durante, al menos, seis meses.
Entre las razones que alegó Sanidad para el primer retraso en el proceso de licitación estuvo la solicitud, fuera de plazo, de varias CCAA que, una vez iniciado el proceso, quisieron subirse al carro de la compra centralizada. Así lo refleja el diario de la sesión del Congreso del 8 de octubre. Ante la cuestión de los diputados de Ciudadanos Inés Arrimadas y Guillermo Díaz, Sanidad respondió sin titubeos. "Durante la fase de tramitación inicial de licitación, y encontrándose ésta en periodo de presentación de ofertas, distintas CCAA, que inicialmente no habían manifestado su interés en la participación, solicitaron su inclusión al valorar el riesgo de desabastecimiento de material". Tras el primer parón llegaron otros.
El proceso, que se activó el 22 de julio, se reinició tras el paso adelante de las regiones rezagadas el 4 de agosto. Los primeros lotes no se adjudicaron hasta el 11 de noviembre. Tampoco entonces se completó el proceso. La cartera de Salvador Illa solo adjudicó, de primeras, seis de los once lotes del acuerdo. Quedaron para después la adquisición de más de 570 millones de mascarillas. El INGESA no concluyó la licitación hasta el 30 de noviembre, cuando la incidencia del virus ya había virado al descenso y España cerraba el mes con más muertes desde abril. Sin noticias de los 3.700 millones de unidades de EPI por valor de 2.578.739.505 euros que debían blindar hospitales, cuarteles y comisarias durante la segunda ola.
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