Austin (EE.UU.), 8 abr.- La defensa del mexicano Ramiro Hernández Llanas, condenado a muerte en Texas, considera agotadas las vías legales para paralizar la ejecución prevista para mañana miércoles.
Tanto sus abogadas, Naomi Terr y Sheri Johnson, como las autoridades mexicanas no ven más opciones legales para parar la ejecución, después de la negativa de las diferentes instancias de la justicia estadounidense a los varios recursos presentados.
Durante el largo litigio, la justicia estadounidense desestimó los argumentos de la discapacidad mental de Hernández Llanas, la tardía notificación de sus derechos consulares al ser arrestado y la falta de información sobre el proveedor de la inyección letal.
Dos hermanas de Hernández Llanas han podido viajar a Texas y el sistema penitenciario del estado aumentó las horas de visita para que el condenado, de 44 años, pase tiempo junto a su familia antes de la ejecución, prevista en Huntsville (Texas) para las 18.00 horas locales (23.00 horas GMT) de este miércoles.
La abogada Sheri Johnson explicó a Efe que el caso ya fue valorado sin éxito por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y que el único resquicio para parar la ejecución sería la clemencia del gobernador de Texas, Rick Perry, que ya la ha denegado con anterioridad.
"No veo opciones para que cambie de opinión", subrayó.
El director general adjunto de Protección de mexicanos en el exterior, Euclides del Moral, también detalló a Efe que "se agotaron todos los recursos de la estrategia legal que se ha venido llevando en todos estos años".
"Siendo francos y honestos, lo que nos comentan los abogados es que ya no existen recursos de peso", resumió del Moral, que recordó que el Gobierno mexicano pidió la clemencia al gobernador, como muchos otros actores internacionales.
El derecho a la notificación consular está recogido en la Convención de Viena. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), a través del fallo Avena, ordenó en 2004 a Estados Unidos la revisión de los casos de mexicanos condenados a muerte en los que no se cumplió.
En el caso de Hernández Llanas se aplicó solo parcialmente.
En concreto, la Corte Internacional de Justicia concluyó que Estados Unidos sí cumplió con la necesidad de notificar al Consulado mexicano el arresto de Hernández Llanas, pero violó la obligación de informar al preso sobre sus derechos de asistencia consular a tiempo.
La corte internacional pidió, enmarcado en el Fallo Avena, que Estados Unidos revisara y reconsiderara tanto el veredicto como la sentencia del ciudadano mexicano, según recoge la información sobre el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Del mismo modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que la ejecución no se llevara a cabo hasta que se revise el caso.
Sus abogados insistieron en que el condenado sufre discapacidad intelectual que no le permite realizar de forma independiente actividades comunes y acusaron a la justicia de haber vinculado ese punto con su origen nacional, recordó hoy la letrada Johnson.
En la carta que los abogados mandaron al gobernador Perry este lunes, subrayan este aspecto: "Sabemos que es intolerable para un hombre ser ejecutado en base a una evaluación incompetente y con prejuicios", dicen en su intento final de cuatro páginas.
Hernández Llanas, de 44 años, nació en 1969 en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo (Tamaulipas) y fue sentenciado a muerte en Texas en febrero de 2000.
La justicia condenó a Llanas a la pena capital por homicidio, violación y robo con allanamiento de morada en el condado de Kerr (Texas) y, en concreto, por la muerte de un hombre para el que trabajaba y la violación de la esposa de éste.
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