Madrid, 28 abr.- El Tribunal Supremo ha condenado a José G.F. a seis años de prisión por estafar casi un millón de euros a más de 50 personas, la mayoría jóvenes, a quienes cobró diferentes cantidades en concepto de reserva de falsas viviendas de protección oficial (VPO) que les ofreció en Barcelona entre 2007 y 2008.
En una sentencia la Sala de lo Penal del Supremo estima parcialmente el recurso del condenado contra la dictada por la Audiencia barcelonesa, que le impuso siete años de cárcel.
El Supremo le ha rebajado la condena al apreciar que la Audiencia aplicó dos agravantes previstas en el Código Penal en relación a la circunstancia de que la estafa fuera superior a los 50.000 euros pero mantiene en todo lo demás la sentencia del tribunal barcelonés.
La Audiencia declaró probado que el acusado, ya condenado por estafas en seis sentencias dictadas entre 2001 y 2007, se dedicaba al tráfico inmobiliario a través de dos empresas con sede en Barcelona y que movido por el ánimo de obtener un beneficio económico ilícito urdió una trama consistente en el ofrecimiento de la adjudicación de VPO en construcción.
Para ello fingía tener capacidad para contratar como intermediario en esa adjudicación entre los interesados y las entidades públicas titulares de dichas viviendas y afirmaba en la mayoría de las contrataciones que tenía contactos con una persona del ayuntamiento, lo que puso en práctica desde septiembre de 2007 hasta julio de 2008.
En el desarrollo de la trama, el acusado, "parapetado en sus sociedades mercantiles", se anunciaba en el mercado a través de folletos de propaganda repartidos o pegados en la vía pública o por buzoneo a través de empleados y conocidos suyos, que "difundieron la noticia entre familiares y amigos creyendo en la capacidad de intermediación que afirmaba tener el acusado".
De esta forma, más de cincuenta personas, la mayoría jóvenes que deseaban adquirir su primera vivienda, contactaron con el acusado, generalmente en la oficina donde se ubicaba la sede social de sus empresas.
El acusado, para dar "apariencia de legalidad", les exigía a la mayoría de los interesados el cumplimiento de los requisitos normalmente exigidos para acceder a una VPO, lo que "despertó la confianza de los interesados, quienes le entregaron una cantidad de dinero convencidos de que iba a ser destinada a la reserva y ulterior compra de una vivienda de protección oficial".
Para la inmensa mayoría de ellos iba a constituir su primera residencia y entregaron al acusado cantidades que oscilan entre 12.000 y 37.200 euros, "dinero seguramente fruto de su trabajo", apostilla el Tribunal Supremo. El acusado es condenado además a indemnizar a los perjudicados en las cantidades estafadas.
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