Sentencian a un año de cárcel a opositor boliviano asilado en embajada Brasil

La Paz, 26 jun.- Un tribunal boliviano sentenció a un año de prisión al senador opositor Roger Pinto, asilado desde hace más de un año en la embajada de Brasil en La Paz, acusado de causar un daño económico al Estado de más de 1,7 millones de dólares, informó hoy la Fiscalía General en un comunicado.

El Tribunal Primero de Sentencia de la región norteña de Pando, fronteriza con Brasil, emitió ayer la sentencia por los delitos de "resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes", señaló el fiscal Juan Carlos Cuéllar, a cargo del caso, según la nota del Ministerio Público.

Pinto también fue acusado de causar al Estado un daño económico de 1,7 millones de dólares durante su gestión como director de la Zona Franca de Cobija, la capital de Pando, en el año 2000, al haber asignado recursos "de manera irregular" a la estatal Universidad Amazónica de Pando.

"El Tribunal de Sentencia encontró suficientes elementos para declarar culpable al senador Pinto, por la comisión de los tres delitos que se le había acusado, determinando una condena de un año" indicó Cuéllar.

Pinto está refugiado en la sede de la embajada brasileña en La Paz desde el 28 de mayo de 2012, cuando pidió asilo alegando ser "perseguido" por el Gobierno de Evo Morales, que ha negado tal acusación.

El senador temía ser detenido porque afrontaba más de 20 juicios impulsados por el Ejecutivo en diferentes ciudades bolivianas y no ha podido abandonar la embajada por falta de un salvoconducto que las autoridades hasta ahora le han negado, pues sostienen que debe responder a esas acusaciones de corrupción.

Los abogados de Pinto pidieron en mayo pasado al Supremo Tribunal Federal de Brasil que interceda por él y busque una solución a su caso y porque consideran que el canciller brasileño, Antonio Patriota, ha tratado el tema de forma "burocrática" y con tardanza.

Patriota y su colega boliviano, David Choquehuanca, formaron hace tres meses una comisión para analizar el asunto con representantes de ambos países, y el canciller brasileño admitió después en su país que hacía gestiones a nivel confidencial para resolver el caso.