A escasos cinco días de que declare en sede judicial el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, los investigadores del caso del 8-M continúan aportando más pruebas que vendrían a demostrar que el órgano que dirige José Manuel Franco tuvo a su alcance toda la documentación elaborada por Europa y por el propio Gobierno sobre la amenaza que suponía el coronavirus aquellos primeros días de marzo. El avance de las diligencias practicadas por la Policía Judicial les ha llevado a poner el foco en el Ministerio de Sanidad, desde donde han dejado la pelota en el tejado de la Delegación asegurando que si no se envió expresamente comunicación alguna sobre el asunto fue porque eran documentos de carácter público y fácil acceso.
De hecho, la Guardia Civil apoya sus últimas conclusiones aportadas al juzgado en las "afirmaciones" del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. Una vez ratificado que hubo advertencias de Europa ya desde febrero acerca de las precauciones a seguir por el peligro del coronavirus, los agentes quisieron saber si éstas llegaron a la Delegación del Gobierno con tiempo suficiente como para cancelar las manifestaciones entre los días 5 y 14 de marzo. Y, a juzgar por lo explicado desde el Centro que dirige Simón, "se refuerza aún más la autonomía y proactividad" que debía tener el órgano que dirige Franco.
Uno de los documentos clave que prueba, a juicio de los agentes, que las advertencias sobre el riesgo del virus eran públicas reside en el informe del 2 de marzo del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades. El escrito se remitió ese mismo día a todos los miembros del Comité de Seguridad Sanitaria de la UE, entre los que se encuentra el centro que dirige Fernando Simón. De hecho, de acuerdo con el atestado policial recogido por este diario, ese documento también tuvo entrada en su correo personal. Sin embargo, el órgano dependiente de Sanidad consideró que no era necesaria su distribución al resto de entes por ser de "general conocimiento y acceso" y por su carácter público. Una respuesta que, según la Guardia Civil, "descarga la responsabilidad de su difusión en aras de la consulta que Delegación de Gobierno tendría que haber efectuado".
La dilación de Sanidad
"Considera esta instrucción que el conocimiento e información que el Ministerio de Sanidad y del CCAES revierte en la Delegación", reza la ampliación del atestado incorporado al caso que dirige la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. El informe dedica gran parte de sus 295 páginas a tratar de demostrar que los empleados del órgano dirigido por Franco conocían de primera mano los niveles de riesgo en España, que para entonces se encontraba "avanzando rápidamente" hacia el escenario dos (el cual implica pasar a un grado superior de transmisión, de acuerdo con lo estipulado por Europa).
Los investigadores consideran acreditado tras más de diez semanas de diligencias que el órgano tuvo acceso antes del 14 de marzo a toda esta documentación que obraba en poder del Ministerio que dirige Salvador Illa pese a que, según denuncian, nada de esto se incluyó en la documentación aportada por el organismo a esta causa penal. De hecho, la presunta falta de colaboración con las pesquisas ya llevó a los agentes a tener que personarse 'in situ' al menos en dos ocasiones en el mes de mayo, como ya advirtieron en sus conclusiones iniciales. En este nuevo informe los agentes advierten de una supuesta falta de cooperación desde el Ejecutivo central después de que dilataran la entrega de los datos reclamados por la juez alegando que la solicitud se había formulado una secretaría general de Sanidad que "no existe".
La respuesta de Sanidad a esta solicitud el 29 de mayo llevó a la magistrada a advertirles en un oficio del 1 de junio que tenían que cumplir en un plazo de 48 horas con el requerimiento del pasado 25 de mayo, cuando les pidió entonces todas las alertas que tuvieran del virus, así como indicaciones a seguir para frenar el número de contagios. La instructora ya requirió toda esta documentación con premura para contar con ella en el sumario antes de interrogar a Franco por presunto delito de prevaricación y a los testigos que desfilará por su juzgado entre los días 10 y 11 de junio. A todos ellos les preguntará por las manifestaciones efectuadas ante la Policía Judicial a quienes explicaron que tanto del Servicio de Prevención de Riesgos como de otros departamentos de la Delegación advirtieron ya desde el mes de febrero de las medidas a tomar para evitar contagios.
"Absolutamente implicados"
En este nuevo informe recogen hasta un total de 10 indicaciones, siendo la primera de ellas del 28 de febrero. Ya entonces, la Delegación elaboró un informe sobre medidas preventivas básicas, lo que a juicio de la Policía Judicial demuestra "que se tiene constancia de la gravedad de la enfermedad". También incluyen una carta firmada por el propio delegado del Gobierno y que llegó al resto de trabajadores del órgano el 13 de marzo, un día antes de que se declarara el estado de alarma. "El Gobierno de la nación está tomando medidas de las que esta Delegación está absolutamente implicada desde el primer momento", reza la misiva, la cual recalca que estas decisiones se estaban adoptando "con absoluta prioridad para garantizar la salud de la población".
En las testificales de la próxima semana, la magistrada también se interesará por otro de los aspectos más relevantes de esta investigación penal, relativo a cómo se produjo la suspensión de las marchas. Los agentes apuntaron en el primer atestado que se cancelaron los actos a petición expresa de la Delegación, la cuál llamó por teléfono a los convocantes para instarles a que anularan las manifestaciones cuya autorización habían pedido por motivos de salud. En este nuevo informe, la Policía incluye los testimonios de algunos funcionarios que corroboran esta versión al apuntar que "nunca" antes se habían realizado llamadas "en ese sentido". Preguntados por el 'modus operandi' explicaron que todo lo relativo a las marchas se controla desde una aplicación interna en la cual figuran todos los detalles de las mismas, incluida la desconvocatoria.
"Nunca se realizaron llamadas"
Durante esos días posteriores al 8-M recibieron avisos de sus superiores José Luis Sánchez e Ignacio Ortiz (citados como testigos el 11 de junio) para que llamaran a los convocantes pidiéndoles que anularan los actos de manera voluntaria. Según explicaron, no es la primera vez que se cancelan marchas, ya lo hicieron "por problemas de orden público" con una en el Valle de los Caídos y otra en el cementerio de Mingorrubio, donde están enterrados los restos de Franco. Sin embargo, en este caso explican que nunca antes se les conminó a llamar por teléfono a los convocantes.
En relación a este asunto, Sánchez explicó que efectivamente dio estas órdenes porque así lo encargó el director de Seguridad Ciudadana, el cual habría despachado el asunto directamente con Franco. "Preguntado por si recuerda que este tipo de llamadas se hayan hecho en ocasiones anteriores manifiesta que en sus 15 años de dedicación, nunca se realizaron llamadas de este tipo", reza el atestado. Sin embargo, los funcionarios entrevistados negaron haber actuado con mala fe y apuntaron que las llamadas no figuran en los expedientes simplemente porque no se registran. Los agentes resaltan de todas las convocatorias la prevista para el 19 de marzo desde la plataforma Anonymous for the Violenceless, por haber recibido el visto bueno 48 horas antes de que se decretara el estado de alarma.
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