Giovanna Ferullo
Panamá, 23 oct.- La ciudad panameña de Colón, que alberga la mayor Zona Libre del continente, siguió hoy paralizada y ya se habla de grandes pérdidas económicas y de nuevas víctimas en las protestas, mientras el Gobierno anunció cambios en la ley que suscitó el conflicto e insiste en un diálogo para resolverlo.
La Cámara de Comercio, los sindicatos y el Frente Amplio de Colón anunciaron la extensión por otras 24 horas, a partir de mañana, del paro iniciado el lunes, con el que exigen que se derogue la llamada Ley 72, que permite la venta de terrenos públicos en la Zona Libre.
Las calles de Colón, la puerta en el Atlántico del Canal de Panamá, lucían casi desiertas este martes, cuando el transporte de carga se sumó al paro y continuaban paralizadas las clases y cerradas las dependencias públicas en la ciudad.
Sin embargo, algunos sectores de Colón fueron nuevamente escenario de enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, y en ellos una persona de 29 años resultó muerta en la zona de la calle 10 y la avenida Bolívar, según informó en su página web el diario local La Prensa.
La radio local RPC aseguró, por su parte, que el Frente Amplio colonense denunció la muerte del manifestante, al que identificaron como Andreve Dixon, sin que las autoridades lo hayan confirmado.
Esa emisora dijo que también una mujer de unos 30 años resultó hoy muerta de un disparo en la cabeza cuando salía de su trabajo en la Zona Libre, sin aclarar las circunstancias de su fallecimiento.
Por parte de las autoridades, el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, se limitó a reconocer que en estas protestas "han fallecido algunas personas", pero dijo que hay que esperar a que el Ministerio Público aclare las circunstancias.
El viernes pasado, un menor de 10 años murió de un disparo en medio de un tiroteo con la policía durante los desórdenes en Colón, donde también se han registrado manifestaciones y agentes heridos, así como decenas de detenidos.
La ciudad ha sido escenario de manifestaciones de grupos de la sociedad civil, pero también de actos de vandalismo por parte de personas que se han enfrentado a tiros con las autoridades y que en los últimos días también han llevado a cabo saqueos de comercios.
El Ejecutivo panameño vio hoy frustrada su intención de establecer una mesa de diálogo en Colón, después de que los gremios de comerciantes y los sindicatos cumplieran su advertencia de que no se sentarían en ella hasta que no se derogue la Ley 72.
Tras regresar a la capital sin haber conseguido interlocutores para el diálogo en Colón, el ministro de Economía, Frank de Lima, anunció que la ley se modificará para que todo lo que se obtenga con la venta de terrenos de la Zona Libre, se destine a un fideicomiso que financie proyectos de interés social.
La ley original destinaba el 35 por ciento a ese fideicomiso.
De Lima insistió en la intención del Gobierno de entablar un diálogo sin condiciones previas con los sectores opuestos a la privatización de esos terrenos y aseguró que nada se venderá mientras haya un diálogo en marcha.
Nosotros no aceptamos la propuesta del Gobierno (...) exigimos la derogación de la ley (...) esas tierras son más productivas en manos del Estado que en manos de privados", respondió de inmediato el dirigente del Frente Amplio colonenses, Felipe Cabezas.
El alcalde de Colón, Dámaso García, dijo por su parte, sin precisar una cifra, que las "pérdidas económicas son incalculables" tras siete días de protestas y desórdenes en Colón, donde, alertó, han comenzado a escasear los alimentos.
La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón expresó en un comunicado que "no pidió la venta" de los terrenos que arriendan, aunque sí considera "necesario actualizar la legislación nacional sin afectar el patrimonio del Estado ni al pueblo Colonense".
"La Zona Libre de Colón es un pilar de la economía nacional cuyas empresas generan más de 30.000 empleos directos y aportan más de 100 millones de balboas (dólares) anuales a las arcas estatales", indicó la Asociación, que llamó al diálogo, la paz y la cordura.
Entre tanto, grupos organizados e indígenas en al menos tres regiones del país manifestaron en la calle su solidaridad con los coloneses, mientras gremios como el de la educación y el transporte público evaluaban hoy la posibilidad de unirse a la huelga.
El conflicto en Colón se ha desarrollado mientras el presidente Ricardo Martinelli, que firmó esa ley el pasado viernes, cumple sendas visitas oficiales a Japón y Vietnam con un marcado acento comercial.
Los sectores que se oponen a la privatización de la Zona Libre de Colón y que han pedido derogar la ley alegan la pérdida patrimonial del Estado y un supuesto clientelismo por parte del Ejecutivo.
El Gobierno dice que la ley permitirá a la región recabar jugosos fondos para su desarrollo, y ha aclarado que ningún usuario de la Zona Libre está obligado a comprar el terreno que usa y que podrá mantener el arrendamiento actual, aunque con un canon más alto. EFE
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