Solo 13 de las 37 ILP de la última legislatura lograron reunir 500.000 firmas

500.000 personas son solo el uno por ciento de la población española. Sin embargo, este número es a todas luces exagerados para Ciudadanos, que ha pedido que se reduzca el techo de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) a 250.000 firmas. No es de extrañar: durante la última Legislatura solo se presentaron 37 proposiciones de este tipo.

De ellas, 2 fueron rechazadas, 13 caducaron antes de conseguir las firmas, 14 fueron inadmitidas en términos absolutos, 4 se han pospuesto para la próxima legislatura, una fue subsumida en otra iniciativa, una retirada, otra tramitada sin necesidad de recurrir a acuerdo o decisión y, por último, una, sobre la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, fue aprobada, aunque con modificaciones. Esto es: solo dos consiguieron convertirse en Ley.

La democracia representativa no limita la participación ciudadana a la designación mediante el voto de los representantes en las Cortes Generales, sino que existen también otras formas de participación pública. Una de ellas son los escritos que cada legislatura envían los ciudadanos a la Comisión de Peticiones y, la otra, la Iniciativa Legislativa Popular.

Recogida en el artículo 87.3 de la Constitución, supone que los ciudadanos pueden elevar proposiciones de ley al Congreso de los Diputados, siempre que cuenten con el aval de 500.000 firmas debidamente acreditadas.Puede legislar sobre pocas materias

Sin embargo, Alejandro Gorostiza, experto en derecho Consitucional, matiza que, a pesar de lo que a primera vista pueda parecer, esta herramienta "está muy limitada por las materias quedan excluidas por la propia ley que la regula".

Así, no serán admitidas las relativas a asuntos que, según la Constitución, son propios de leyes Orgánicas (las libertades públicas y los derechos fundamentales), de naturaleza tributaria, de carácter internacional, referentes a las prerrogativas de gracia (indultos), Presupuestos Generales del Estado o el Consejo Económico y Social, la planificación económica ni la propia Constitución.

"Una vez presentada la iniciativa, la mayoría son inadmitidas, casi siempre por su texto o contenido inapropiado", explica este jurista. "Una vez que la proposición se acepta, quien la propone dispone de nueve meses para recoger las 500.000 firmas y entregarlas a la Junta Electoral Central. Si pasados los nueve meses no se consiguen las firmas suficientes, la iniciativa caduca", continúa. 13 de las 37 ILP que pasaron la primera criba no consiguieron alcanzar el mínimo de firmas.

Si la proposición, por el contrario, logra recoger las firmas suficientes y una vez que éstas han sido comprobadas y verificadas debidamente, el Congreso dispone de seis meses para que entre en el orden del día de un Pleno.O se modifican las condiciones o no será efectiva nunca

Para Alejandro Gorostiza, la ILP no permite a los ciudadanos legislar, sino proponer al Congreso sobre qué legislar, pero este puede, en última instancia, no tomarla en consideración, como ha pasado hasta ahora. "Reducir el hecho de firmas a la mitad no supondrá ninguna mejora mientras no se modifique el tipo de materias sobre las que se puede aplicar la ILP y mientras no se apliquen mecanismos que obliguen al Congreso a tener en cuenta las peticiones populares. Hasta entonces seguirá siendo un mecanismo poco efectivo".

Para este jurista, también sería recomendable que se tuvieran en cuenta las iniciativas surgidas a través de Internet. "Actualmente, siguen existiendo dificultades en este sentido, como la exigencia del certificado digital emitido por la fábrica nacional de moneda y timbre, del que no todos los ciudadanos disponen, para adherirse a una causa a través de Internet", comenta.

Por último, el experto en Constitucional, para que fuera efectivo también sería necesario que se sustituyera el trámite de la toma en consideración en el Congreso por el de debate de totalidad, de forma que los promotores de la ILP puedan defenderla en un Pleno.