El Supremo ha establecido que solo la administración que acuerda medidas contra la pandemia y la Fiscalía pueden recurrir en casación las decisiones adoptadas por los tribunales autonómicos, lo que excluye, por tanto, la opción de que particulares puedan elevar este nuevo recurso ante el alto tribunal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha declarado inadmisible el recurso de casación de un particular contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en el que se autorizaron las medidas adoptadas por el Govern balear.
El Supremo señala que tan sólo las partes del procedimiento de autorización o ratificación, esto es, la Administración Pública que acuerda las medidas y el Ministerio Fiscal, pueden interponer el nuevo recurso de casación contra los citados autos.
Ahora bien, la Sala precisa que "ello no limita que cualquier persona que ostente un interés legítimo pueda después impugnar, mediante el recurso contencioso-administrativo, las medidas administrativas de orden sanitario ratificadas o autorizadas judicialmente en el procedimiento".
"En otras palabras –añade el auto--, el control judicial preventivo no es un examen exhaustivo de la legalidad de la actuación, ni por supuesto cercena el derecho a la tutela judicial efectiva de cualquier persona afectada por las medidas ratificadas, por lo que queda salvaguardado", añaden los magistrados.
