Suspenden audiencia por caso de matanza que provocó destitución de Lugo

Asunción, 14 feb.- La audiencia para definir la convocatoria a juicio de los 14 campesinos procesados por la matanza de Curuguaty (noreste), que provocó la destitución del presidente Fernando Lugo, fue suspendida hoy debido a la recusación del juez y el fiscal del caso, informaron fuentes de la Fiscalía.

La audiencia, que debía realizarse en el juzgado de la ciudad de Coronel Oviedo, a 120 kilómetros al este de Asunción, fue postergada poco antes de su inicio y ya en presencia de todos los procesados debido a la recusación del juez José Benítez y el fiscal Jalil Rachid.

Ese recurso fue planteado por los abogados de los campesinos procesados, Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, quienes argumentaron, entre otras cosas, la falta de imparcialidad de esas autoridades en el marco del proceso, persecución penal y ocultación de pruebas, según dijeron a periodistas fuentes de la Fiscalía.

Explicaron, además, que un Tribunal de Apelaciones deberá definir ahora si acepta o rechaza la recusación para proseguir con las diligencias.

"Pedimos a la ciudadanía que se interesen para que puedan ayudarnos. Este es un problema social que afecta a nuestro país, no es un caso personal, es un caso nacional que debe solucionarse", dijo a periodistas uno de los procesados, Rubén Villalba.

Durante la audiencia de esta jornada debía definirse si se someterá a juicio oral a los 14 campesinos procesados tras la muerte de seis policías y once labradores en un tiroteo durante una operación policial de desalojo, el 15 de junio pasado.

El enfrentamiento se produjo entre grupos de campesinos "sin tierras" y agentes policiales en una finca de Curuguaty que se disputan el Estado y los familiares del ya fallecido empresario Blas N. Riquelme.

Esa masacre, sin precedentes en la lucha por la tierra en el país, fue el principal detonante del controvertido juicio político promovido por el Legislativo, que concluyó con la destitución de Lugo y la asunción a la Presidencia del entonces vicepresidente, Federico Franco, el 22 de junio pasado.

La Fiscalía, en su informe final tras la investigación, sostuvo que los policías "cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados", mientras que los abogados de los procesados aseguran que hay pruebas que demuestran que los agentes fueron asesinados por "expertos tiradores" y no por los campesinos.

Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como representantes en Asunción de las Naciones Unidas y grupos civiles y activistas de los derechos humanos locales, exigieron en su día el esclarecimiento de esos hechos.