T. Cuentas ve "menoscabo" de los caudales públicos con la formación en 2010

  • El Tribunal de Cuentas ha detectado un "menoscabo" en los caudales públicos con las subvenciones para cursos de formación para el empleo concedidas en 2010, algo que ha atribuido a la falta de control por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Fundación Tripartita.

Madrid, 11 nov.- El Tribunal de Cuentas ha detectado un "menoscabo" en los caudales públicos con las subvenciones para cursos de formación para el empleo concedidas en 2010, algo que ha atribuido a la falta de control por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Fundación Tripartita.

Según ha explicado hoy el Tribunal de Cuentas, las entidades que en 2010 se beneficiaron de 426 millones de euros de fondos públicos para cursos de formación sólo generaron rendimientos financieros por valor de 220.697 euros.

El Tribunal ha estudiado la labor realizada por la Fundación Tripartita -compuesta por Gobierno, patronal y sindicatos- y ha detectado una "vulneración de los principios de transparencia y concurrencia" por parte de CEOE, Cepyme, UGT y Fundación Laboral de la Construcción.

Ha constatado que, en 2010, sólo el 44,67 % de las entidades beneficiarias que gestionaban planes de formación declararon la obtención de dichos ingresos, tasa que se reduce al 30,49 % en el caso de las entidades que desarrollaron las acciones de apoyo y acompañamiento.

Así, los 412,3 millones de euros destinados ese año a fondos para planes de formación y los 14,1 millones de euros a fondos liberados para acciones de apoyo generaron unos rendimientos financieros "muy escasos", por valor de tan sólo 197.390 euros y 23.307 euros, respectivamente.

El Tribunal de Cuentas ha resaltado que esta situación no alertó al SEPE ni a la Fundación Tripartita, que no requirieron a las entidades beneficiarias "los motivos de esta falta de obtención de rendimientos financieros, lo que ha generado un menoscabo en los caudales públicos".

Entre otras deficiencias detectadas, el Tribunal de Cuentas ha indicado "la ausencia de sistemas de control" que impidió verificar con exactitud el coste en personal de los planes de formación y de las acciones de apoyo y acompañamiento a la misma, fijado en 2010, en un total de 54,22 millones de euros.

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