T.Cuentas ve "sobredimensionamiento" de profesores en varias universidades

Madrid, 29 oct.- El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha advertido hoy de que en varias universidades españolas se ha producido un "sobredimensionamiento" de la oferta de profesores frente a la demanda de formación universitaria.

Esta ha sido una de las conclusiones que ha presentado Álvarez de Miranda durante su comparecencia en el Congreso en relación a los informes de fiscalización de las universidades de Murcia, Extremadura, La Rioja y Politécnica de Cartagena en los ejercicios de 2006 y 2007 y de Cantabria desde 2004 a 2007.

El presidente del Tribunal de Cuentas ha apreciado también que, según estos análisis, la investigación no tenía el reflejo adecuado en los presupuestos universitarios, teniendo en cuenta que debe ser una "función primordial" de estos centros educativos como marca la Ley Orgánica Universitaria (LOU).

Ha manifestado que las incidencias y anomalías detectadas en la gestión administrativa se corresponden con lo que el Tribunal pone de manifiesto habitualmente con ocasión de la fiscalización de las administraciones públicas autonómicas.

En este sentido, ha apuntado que la justificación de necesidades para la contratación se hacía en términos "excesivamente genéricos e imprecisos".

En los pliegos de los contratos por concurso no se especificaban "suficientemente" la forma de valorar los criterios de adjudicación ni de otorgar las puntuaciones de los correspondientes baremos, pasando por alto los principios de transparencia y publicidad en la contratación pública.

Estos informes revelan además que en las modificaciones de los contratos no se acreditaba existencia de necesidades nuevas o de causas técnicas y que en la ejecución de los mismos se producían demoras y ampliaciones de los plazos "no justificadas adecuadamente".

Álvarez Miranda ha explicado que se observa en este periodo un elevado volumen de modificaciones presupuestarias en estas universidades, especialmente en el capítulo de gastos, que, sin embargo, venía acompañado de un bajo grado de ejecución de las inversiones reales.

Las obligaciones durante el periodo comprendido entre 2003 y 2007 en este grupo de universidades aumentó a una tasa anual acumulada del 7,8 %, especialmente en las inversiones reales.

Según estos informes, se deduce que el número de alumnos matriculados desde 2003 a 2007 experimentó una disminución del 6 %.

Todo esto, según el presidente del Tribunal de Cuentas, lleva a concluir que en este grupo de universidades se producía, "con carácter general, un sobredimensionamiento de la oferta docente frente a la demanda de formación universitaria", salvo en las ramas de Ciencias de la Salud y, en menor medida, de Ciencias Sociales y Jurídicas.

También ha puesto de relieve el "interés" del número de alumnos por profesor, ya que en los cursos 2006/2007 y 2007/2008 la media fue de 11.

El crecimiento de personal en estas universidades desde 2003 a 2007 fue del 47 % en el colectivo docente e investigador y del 6 % del que cumplía funciones de administración y servicios.

Se pasaron de 7.189 funcionarios en 2003 a 8.662 en 2007 y de 5.737 laborales a 6.892.

Álvarez de Miranda ha reiterado que es "patente" que, en virtud de estos datos, "no se adecúan los recursos a las necesidades", una situación que debería llevar a una modificación en la gestión.

Durante el debate, el diputado del PP Rogelio Araújo ha planteado la necesidad de hacer una fiscalización horizontal de todas las universidades españolas, algo a lo que se ha mostrado abierto Álvarez de Miranda.

No obstante, el presidente del Tribunal de Cuentas ha precisado que es necesario poder contar con "el acuerdo de los programas de coordinación del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo" de la comunidades para llevarla a cabo.

Araújo ha subrayado la necesidad de que la sociedad conozca con precisión "el esfuerzo tan importante que se hace" para financiar la educación universitaria, mientras que el parlamentario socialista Nicanor Sen también ha solicitado medidas correctoras para equilibrar lo educativo y lo administrativo.