Testigos dicen que policía de Brasil inventó pruebas en masacre de Carandirú

  • Los primeros testigos de acusación en el juicio, que comenzó hoy contra 26 de los 79 agentes sindicados por la "masacre de Carandirú", la mayor matanza en las cárceles de Brasil, ocurrida en 1992, afirmaron que la Policía plantó pruebas falsas para justificar la muerte de 111 presos.

São Paulo, 15 abr.- Los primeros testigos de acusación en el juicio, que comenzó hoy contra 26 de los 79 agentes sindicados por la "masacre de Carandirú", la mayor matanza en las cárceles de Brasil, ocurrida en 1992, afirmaron que la Policía plantó pruebas falsas para justificar la muerte de 111 presos.

El exdetenido Antonio Carlos Dias, el primero en ser escuchado en la audiencia, señaló que la Policía "puso armas en las celdas" y que el número de muertos era tan alto que los detenidos tenían que "escalar" los cadáveres apiñados en el patio número 9 de la extinta cárcel paulista.

La defensa alega que sin las pruebas técnicas de balística es imposible determinar qué agentes dispararon y mataron, pues en el operativo participaron 284 efectivos de la Policía Militarizada.

Ninguno de los 284 agentes murió y los once heridos del organismo de seguridad fueron atacados con cuchillos y palos, a pesar de que la Policía alegó que irrumpió en el lugar porque los detenidos tenían armas de fuego.

El segundo testigo, Marco Antonio de Moura, otro exdetenido, relató por su parte que él tuvo que fingir estar muerto, pero conseguía ver cómo uno de los agentes acusados mataba con golpes de porra a los presos que intentaban salir por un ascensor y por las escalas de emergencia.

"Él (el policía) contaba 1,2,3 y daba un golpe y así mató a muchos en el ascensor, pero ellos también hacían que los perros mordieran a mucha gente", contó el segundo testigo escuchado en el primer día del juicio.

De Moura también afirmó que la Policía preguntó por quién estaba herido a los presos reunidos en el patio y muchos de los que levantaron la mano y que al parecer no tenían lesiones de gravedad después aparecieron muertos.

"Gracias a Dios no levanté la mano, pues quien la levantaba fue llevado y nunca más visto con vida", aseveró el sobreviviente, quien también señaló que uno de los pocos mecanismos de defensa de los presos fue derramar aceite en los pasillos para dificultar la entrada de las tropas.

El juicio, que comenzó después de más de veinte años de la matanza, fue reiniciado hoy, una semana después de la fecha prevista, con la elección de un nuevo jurado popular, pues el pasado 8 de abril una de las escogidas tuvo problemas de salud y el proceso se suspendió.

El nuevo jurado quedó integrado por seis hombres y una mujer.

El juez José Augusto Nardy Marzagao volvió a leer la lista de cargos a 24 de los 26 acusados de la muerte de 15 de los 111 presos, pues dos de ellos no se presentaron por problemas de salud.

La matanza ocurrió el 2 de octubre de 1992, cuando la Policía Militarizada irrumpió en la Casa de Detención de Carandirú en respuesta a una trifulca interna entre los detenidos.

Está previsto que en los próximos días comparezcan otros exdetenidos, jueces y el gobernador de São Paulo cuando ocurrió la masacre, Luiz Antonio Fleury Filho.

La Justicia procesará a 79 policías en cuatro fases, dado su alto número.

El coronel de la Policía Militar que dirigió la operación, Ubiratán Guimaraes, fue condenado en 2001 a 632 años de cárcel, pero nunca entró en prisión y se dedicó a la vida política como diputado regional hasta 2006, cuando fue absuelto en una apelación.

Meses después fue asesinado en extrañas circunstancias dentro de su apartamento y su novia, la principal sospechosa, fue declarada inocente del crimen por falta de pruebas.

Además, el entonces director del penal, José Ismael Pedrosa, fue asesinado a tiros en 2005 después de votar en un referendo sobre la prohibición del comercio de armas de fuego en el país.

Las autoridades atribuyeron el crimen a la organización criminal de presos Primer Comando de la Capital (PCC), que tuvo sus orígenes en los presidios paulistas después de la masacre.

La cárcel de Carandirú fue parcialmente demolida en 2002 para la construcción de un parque ecológico, dos escuelas técnicas y una biblioteca.

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