El 'timo' a los interinos: "¿Si no saco la oposición a la próxima me despiden?"

En la película 'Los tramposos' de Lazaga, aparecen dos personajes, llamados Pedro y Virgilio, que tratan por todos los medios de engañar a los viandantes de Madrid. Para ello, utilizan todo tipo de timos: desde la "estampita" hasta el "tocomocho". En la misma ciudad donde se ambienta la película, el pasado miércoles, se aprobó la ley de los interinos que permitirá a aquellos que llevan 10 años de temporalidad convertirse en fijos, sin necesitar una oposición. Para la artífice, la ministra de Hacienda María Jesús Montero,  esta ley reducirá la tasa de empleo temporal. Sin embargo, como si de un personaje más de Lazaga se tratara, su ley tiene trampas: solo serán fijos aquellos que lleven 10 años en el mismo puesto de manera ininterrumpida. 

Uno de los principales problemas que achacan los economistas al mercado laboral español es la alta tasa de temporalidad de los trabajos. El español medio ha perdido la ilusión por alcanzar un puesto que le permita ser indefinido fruto de encadenar, sin cesar, trabajos de corta duración. Su única aspiración es sumar años trabajando para cotizar a la Seguridad Social y, cuando llegue el momento de su jubilación, disponer de una suma de dinero suficiente para poder vivir de forma digna la etapa final de su vida.

Para evitar este sacrificado trayecto, el Estado ofrece una solución: hacer una oposición que te permita trabajar hasta la jubilación sin que nadie te despedida. Pero detrás de esta solución, se esconden años de preparación y estudio. Además, existe el riesgo de no conseguir la plaza y que todo el esfuerzo que ha llevado a cabo una persona se reduzca a la insignificancia. Gran parte de los interinos que hay en nuestro país son esas personas, representadas por códigos de identificación, que se pierden en las páginas de la lista de resultados de una oposición alejados de los primeros puestos, donde se encuentran los admitidos.

La nueva ley del Gobierno involucra a dos tipos de interinos. Por un lado, aquellos que supuestamente se han visto beneficiados y, por otro, los que al tener una experiencia inferior a los diez años, tendrán que hacer una nueva oposición si quieren mantener su puesto de trabajo. "He estado dando vueltas casi dos años por las provincias de Andalucía para hacer sustituciones de días o meses", dice una interina, que continúa: "Me he presentado todos los años a oposiciones, pero cuando fui madre en 2015, el miedo a que te muevan lejos y no puedas conciliar tu vida familiar es bestial". Por último, la mujer asegura que los interinos, como ella, que llevan 11 o 12 años, "ya hemos demostrado en nuestros años de experiencia que somos profesionales" y que "no tenemos el mismo tiempo para dedicar a las oposiciones teniendo familia que atender".

Mari Carmen dice que llegó a la interinidad después de muchos años de contratos temporales, cubriendo vacaciones, bajas y teniendo que trabajar en lugares diferentes, "muy lejos de mi casa". Ella cree que se debe hacer interino "a todos los que lleven 10 años, aunque sea en sitios distintos". Por otro lado, se mantiene escéptica sobre su futuro. "No tengo claro qué pasará conmigo -expone-, llevo solo un año de interinidad, pero sumo dos años de contratos encadenados, más siete años con contratos temporales y, además, he aprobado tres oposiciones sin plaza". Después de su reflexión, se pregunta, "¿Si no apruebo en la próxima me voy a la calle?". Algo para lo que ella misma tiene una respuesta: "Si es así, tendré que salir a la calle. Y eso que me ha costado sudor y lágrimas estar fuera de casa y no pasar las navidades con mi familia".

"Recibo la noticia mal, desilusionado con la izquierda, pienso que han vendido a muchas personas y familias, a cambio de no sé qué todavía", dice un interino que trabaja en el Ayuntamiento de su pueblo desde 2017, que prosigue, "nadie sabe de dónde sacan ese criterio de los 10 años, hay trabajadores con más de diez años de servicio que fueron "enchufados" y que quieren hacerles fijos con un concurso de méritos adaptado a ellos". Tras una breve pausa, sentencia: "es una discriminación en toda regla, pero sobre todo una injusticia".

En la misma línea se posiciona un hombre que rozará los cincuenta años de edad. "Lo sangrante de nuestra situación es que ahora un gobierno decide amenazar al colectivo de interinos con cesarnos si no aprobamos la oposición, y la mayoría hemos aprobado (sin plaza) dejando atrás trabajos de la empresa privada para embarcarnos en la enseñanza". Él sostiene que este decreto ley puede echarle de su puesto de trabajo "si no saco la plaza en la próxima convocatoria".

Diana es interina desde 1998 como profesora de Piano en un conservatorio. Tiene 49 años e hijos mellizos de 9 años, lo que le imposibilita compatibilizar las "pruebas memorísticas y de interpretación al piano de verdadero nivel" con su vida familiar. La nueva ley, que contempla el fin de las pruebas eliminatorias en la oposición para hacerlas más accesibles, dice que "no es una novedad" y que "ya se hacía así en algunas comunidades". Por último, sentencia: "Este trabajo es el que llevo realizando toda la vida y es en el que tengo experiencia. Están aprobando alumnos míos a los que yo les he dado su titulación. Sin embargo, yo tengo que pasar oposiciones después de más de 20 años de interina y competir con este alumnado joven recién salido de sus estudios". 

La mezcla que se observa entre los interinos es de indignación y al mismo tiempo de incertidumbre, como lo demuestran Vicky y Carmen. Así, Vicky dice que "la ley indica que los trabajadores deben de hacerse fijos o indefinidos a los tres años" y "este proyecto de ley especifica que será a los 10 años, ¿son tontos? Porque ese tipo de matemáticas es de educación infantil: 10 años son siete más". Carmen, una interina que lleva más de 25 años dando clases en un colegio porque aprobó la oposición "sin plaza", afirma que las leyes "tienen siempre dos caras, veremos cómo nos lo aplican, no me fio nada".

La aprobación de esta ley ha contado con las reticencias de una parte del Gobierno, que a "regañadientes" ha tenido que apoyarla. La debilidad con la que se ha respaldado esta ley -por el "sí" de un solo diputado más- obliga al Gobierno a reflexionar acerca de cómo solucionar un problema del que Europa está pendiente. Así, como decía uno de los afectados consultados, "la UE y el TJUE y recientemente el Tribunal Supremo, dejan claro que nuestra situación no se arregla con procesos selectivos, sino con la fijeza de las personas que ya ocupamos las plazas y que estamos en fraude de ley por abuso de temporalidad".