Hacienda pide ayuda al Ibex para 'cazar' contribuyentes ocultos de la tasa Google

La Inspección de Hacienda ha pedido ayuda a las principales empresas multinacionales españolas para detectar compañías de terceros países que estén prestando servicios digitales en España y que no estén identificadas de partida como potenciales contribuyentes del nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, más conocido como 'Tasa Google', que la Hacienda española va a empezar a cobrar este mismo mes de julio.

El director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, Javier Hurtado, aprovechó una reunión del Foro de Grandes Empresas, que reúne cada seis meses a la cúpula directiva del órgano encargado de la lucha contra el fraude con 27 de las principales compañías españolas (Inditex, El Corte Inglés, Repsol, Santander, Telefónica, entre otras), para apelar al conocimiento que las multinacionales españolas tienen de los mercados internacionales y al principio de relación cooperativa entre éstas y la Hacienda española; y solicitar su ayuda para identificar eventuales "conductas ilícitas" de empresas foráneas en relación a este impuesto, que también tienen la obligación de abonar por los servicios que presten en territorio español siempre que facturen más de tres millones de euros por los mismos y su facturación mundial supere los 750 millones.

Según  recoge el acta de la reunión del Foro de Grandes Empresas que tuvo lugar el pasado mes de noviembre, el responsable del departamento de Inspección de la Agencia instó a las compañías del Foro de Grandes Empresas a denunciar las conductas ilícitas en el ámbito de este impuesto de las que tuvieran conocimiento especialmente en su actividad internacional en aras, subrayó Javier Hurtado, de impedir comportamientos que también tienen un fuerte componente de competencia desleal.

El guante lanzado por la Agencia Tributaria fue recogido por las empresas del Foro que, representadas por Carmen Alonso Peña, representante del Santander, mostraron su disponibilidad a "compartir su conocimiento sobre posibles futuros contribuyentes que, no siendo residentes en España o no operando directamente en nuestro país, con los cambios normativos resultarían obligados a relacionarse con la Administración tributaria española", según se recoge en el documento resumen de la reunión.

Las empresas, no obstante, aprovecharon la petición de Hacienda para lamentar una vez más lo que consideran como una situación de desequilibrio en la relación de cooperación entre las grandes empresas y la Agencia Tributaria. Se quejan de que mientras por parte de las empresas se ha accedido voluntariamente a incorporar los informes de transparencia fiscal, que ofrecen información detallada sobre los rendimientos fiscales de las empresas en todas las jurisdicciones en las que operan, o a utilizar de forma cada más intensiva los dispositivos de control voluntario previo sobre operaciones complejas dispuestos por la Agencia Tributaria, ésta no ha accedido a peticiones de las grandes empresas como relajar el número de comprobaciones fiscales a las empresas que realicen informes de transparencia o revelar de forma temprana los motivos de regularización de los procesos de inspección a fin de que se pueda llegar a un acuerdo antes de corregir esa situación vía acta de sanción.

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Información parcial para aplicar el impuesto

Poner en marcha un nuevo impuesto es complicado pero hacerlo además sobre una realidad nunca antes controlada y sin referentes internacionales a los que agarrarse es ya una labor titánica. A ella se han enfrentado en los últimos meses el Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda al decidir adelantarse a los grupos de trabajo abiertos en la OCDE y en la Comisión Europea y poner en marcha por su cuenta el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales - conocido popularmente como 'Tasa Google' - cuya fórmula de aplicación se acaba de definir apenas unos días antes de empezar a cobrarlo y cuyo perímetro de aplicación aún hoy la Agencia Tributaria no termina de tener claro.  Introduzca un título aquí

Hacienda no ha ocultado las dificultades objetivas que se va a encontrar para realizar el control de cumplimiento de la conocida como 'Tasa Google'. El asunto no es ya que éste grave tres clases de servicios que no habían estado sometidas anteriormente a gravamen y sobre las que las empresas no aportaban información específica, algo que han tenido que corregir en los últimos meses para no incumplir las obligaciones impuestas por Hacienda, sino que éstos servicios han configurado finalmente, como reconoce la Agencia Tributaria, un impuesto que no afecta únicamente a los cuatro grandes multinacionales tech (Google, Apple, Facebook y Amazon) sino también a grandes empresas de otros sectores que desde hace años ofrecen servicios digitales, aunque en algún caso de forma gratuita.

Hacienda ha hecho casi de todo para conseguir obtener la información que le permita aplicar de forma efectiva el impuesto. Primero realizó una ronda de requerimientos de información a las principales empresas del país para conocer su cartera de servicios de naturaleza digital y chequear si éstos encajaban o no con los hechos imponibles definidos en el nuevo impuesto, posteriormente, y una vez realizada esa primera criba, requirió información a estas mismas empresas para conocer la facturación derivada de esos servicios y determinar si superaban o no el umbral para solicitar el impuesto a partir de este mes de julio. La información le ha servido a la Agencia para tener controlado el mercado nacional, pero no para disponer de un censo ajustado de las empresas foráneas a las que correspondería aplicar el impuesto. Esa información se desconoce, en parte porque no hay muchos más países que estén aplicando este impuesto, y por eso Hacienda ha solicitado ayudas a la grandes multinacionales españolas.