Managua, 5 ago.- La alianza de partidos políticos que respalda la candidatura presidencial de la ex primera dama guatemalteca Sandra Torres demandó al Estado de Guatemala ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) por considerarse "excluida de la lucha electoral", informó hoy el presidente de ese organismo, Francisco Darío Lobo.
La CCJ, cuya sede está en Managua y que no tiene ningún magistrado de Guatemala, admitió la demanda el pasado martes.
Lobo dijo hoy a Efe que ayer la CCJ notificó oficialmente al Estado de Guatemala, que tiene 10 días para responder la querella.
La ex primera dama lucha en Guatemala por lograr su inscripción para los comicios del 11 de septiembre, luego de que el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia de ese país rechazaran su inscripción como aspirante oficialista a la Presidencia, por considerarla ilegal.
Torres se divorció en abril pasado del presiente Álvaro Colom para evadir una prohibición constitucional que impide a los familiares del gobernante en funciones aspirar a la primera magistratura del país.
Tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Corte Suprema de Justicia consideraron que la ex primera dama cometió "fraude de ley".
Torres acudió ayer a una audiencia pública ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, última instancia que tiene en ese país para lograr su inscripción oficial.
En paralelo, la oficialista Unidad Nacional de la Esperanza y la Gran Alianza Nacional (UNE-GANA), que postulan a Torres, demandaron al Estado de Guatemala ante la CCJ.
Lobo explicó que, para demandar al Estado de Guatemala, UNE-GANA se acogió al Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y Carta de la Organización de Estados Centroamericanos.
"Vamos a escuchar a ambas partes, vamos a analizar las pruebas que ellos presenten y al final, determinaremos quién tiene la razón", afirmó.
Precisó que el Estado de Guatemala puede aceptar la demanda, oponerse a la misma o no responder y declararse en "rebeldía procesal".
El funcionario destacó que los fallos de la CCJ son de "ineludible cumplimiento" y que corresponde a los presidentes del istmo centroamericano aplicar las sanciones diplomáticas o económicas.
A "quien demuestre que tiene la razón, se la vamos a reconocer. No hay ningún interés nuestro en inclinarnos ni a favor del demandante ni a favor del demandado", añadió Lobo, quien es primo del presidente de Honduras, Porfirio Lobo.
"Lo que tenemos que aplicar nosotros es el derecho público y sobre todo lo que dice la Constitución de ese país y los tratados internacionales vigentes en Centroamérica y especialmente suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala", concluyó.
La CCJ cuenta con dos magistrados de El Salvador, dos de Honduras y dos de Nicaragua.
Lobo dijo que Guatemala no tiene magistrados en la CCJ por "diferencias políticas" internas.
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