Torres exculpa a su mujer y a la Infanta de participar en los proyectos de Nóos

Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin al frente del Instituto Nóos,ha asegurado ante las preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach que ni su mujer, Ana María Tejeiro, ni la infanta Cristina lideraban o participaban en proyecto alguno a través del Instituto Nóos.

Durante su declaración en el juicio que se celebra en Palma por el caso Nóos, Torres también ha asegurado que el exabogado de la Casa Real José Manuel Romero estaba preocupado por "el impacto" que pudiera haber (cuando saltó el caso) y que se fue determinando que Urdangarin debía dejar Nóos, pero que continuaría colaborando como asesor.

Por otra parte, Torres ha negado igualmente que el Instituto Nóos, Nóos Consultoría Estratégica, Intuit, Shiriaimasu y Aizoon estuvieran vinculadas entre ellas y operasen en el mercado como si fueran una sola bajo la dirección de Urdangarin y Torres.

"Se mezclan verdades con mentiras y no se entienden", ha espetado a preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach en un interrogatorio que, al igual que sucedió este martes, vuelve a cobrar un tono elevado.

Recursos en "momentos punta"

Según ha precisado, las empresas no ocupaban el mismo espacio físico, pero los trabajadores que se dedicaban a un proyecto común, sí. En el caso de Aizoon, propiedad a partes iguales de la Infanta Cristina y su marido, ha incidido en que los empleados que estuvieran asignados a proyectos del Instituto trabajaban en el mismo espacio físico que el resto de consultores. "Así es como se trabaja en las empresas modernas".

"El consultor trabaja en casa del cliente. Es lo que aprendí en mi primer empleo y esa es la filosofía que seguíamos", ha declarado, añadiendo que "en un momento punta todos empleábamos los recursos que estaban en nuestras manos y poníamos toda la carne en el asador. La idea era trabajar por un proyecto, no por jerarquía ni por empresa".

Las afirmaciones de Torres contrastan con lo que sostiene la Fiscalía respecto a la forma de trabajar de las empresas del entramado, que se habrían apoderado de más de seis millones de euros públicas mediante el cruce de facturas entre las mercantiles. Una práctica que constituía una vía para que el dinero de origen presuntamente ilícito acabara en las cuentas de los dos exsocios.