Tráfico. El defensor del pueblo ve “elevada” la cuantía de las multas de tráfico

La Oficina del Defensor del Pueblo considera “elevada” la cantidad que los conductores deben pagar por las sanciones relacionadas con el tráfico y la seguridad vial, y afirma que en 2014 recibió “numerosas quejas” de ciudadanos que recibieron notificaciones para pagar multas.
Así lo reconoce en su informe anual correspondiente a 2014, presentado este jueves por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
La institución dirigida por Becerril recibió el año pasado un total de 791 quejas individuales relativas al tráfico y la seguridad vial, lo que supone un descenso del 12,3% respecto de las 902 de 2013.
Destaca que el número de víctimas mortales ha disminuido en un 65% entre 2005 y 2014, lo que demuestra que “las políticas en materia de tráfico y seguridad vial están siendo eficaces” y que el año pasado se incrementaron las infracciones por consumo de drogas, ya que se realizaron unas 24.000 pruebas y un 25% de ellas resultaron positivas.
El informe indica que “la persecución y posterior sanción de las conductas infractoras mediante una estricta normativa sancionadora siempre levanta el recelo de los conductores, que opinan que no existe proporcionalidad entre el hecho cometido y la multa impuesta”.
A este respecto, el Defensor del Pueblo considera que “la cuantía de las sanciones en materia de tráfico es elevada” (100 euros las leves, 200 euros las graves y 500 euros las muy graves, con una reducción del 50% si el conductor paga antes de 20 días naturales), aunque ve “imprescindible tener muy presente las consecuencias que pueden derivarse de una conducción negligente al volante”.
“NUMEROSAS” QUEJAS
El informe subraya que la institución recibió el año pasado “numerosas” quejas en materia de tráfico y que las resoluciones administrativas en ocasiones no se ajustan al caso concreto, con lo que considera “necesario que todo el personal al servicio de las administraciones, así como sus titulares, tomen conciencia de su responsabilidad, siendo imprescindible un esfuerzo adicional para que los procedimientos sancionadores de tráfico se tramiten con las debidas garantías para los ciudadanos”.
Además, recalca que “la tendencia legislativa actual de incorporar medidas como la tasa judicial, que en el caso de sanciones de tráfico conlleva el pago del 50% de la sanción, supone, en la práctica, una desincentivación en el acceso a la Justicia, lo que debe forzar más, si cabe, al órgano sancionador en materia de tráfico a extremar su diligencia a la hora de resolver las alegaciones y recursos presentados en vía administrativa, erradicando las disfunciones que conlleva la mala praxis”.
El informe recuerda al Ministerio de Fomento que debe invertir en la conservación de las carreteras porque lo contrario “tiene una incidencia directa en la seguridad vial, pero también provoca un envejecimiento del parque móvil y dificulta la fluidez del tráfico”.
El capítulo relativo al tráfico y la seguridad vial alude al “significativo” número de quejas recibidas por el Defensor del Pueblo debido a errores de los agentes denunciantes y menciona irregularidades relacionadas con las cámaras de vigilancia, la mala señalización, que ha aumentado el número de casos de conductores que no pueden pagar el seguro obligatorio del vehículo (a quienes recomienda dar de baja temporal el coche en la jefatura provincial de Tráfico) y casos de errores en la cuantía de la multa.
Por último, menciona el caso de que en el municipio de Robledo de Chavela (Madrid) no existe una normativa local específica que regule y garantice que las personas con movilidad reducida puedan estacionar su vehículo en una plaza de aparcamiento para personas con discapacidad, por lo que se recomendó al ayuntamiento que procediera a regularlo, sin que el consistorio haya respondido la petición del Defensor del Pueblo.