Pedro Sánchez se reunió en secreto el 27 de junio del año pasado - cuando aún no había pasado ni un mes de su toma de posesión como presidente del Gobierno - con el multimillonario magnate norteamericano y célebre inversor especulativo George Soros, presuntamente. El encuentro fue desvelado por el diario digital OK Diario y no fue confirmado por Moncloa hasta varios meses más tarde por medio de una respuesta escrita a una interpelación al Gobierno formulada sobre el particular por la diputada del Grupo Popular, Beatriz Escudero, como publicó el portal Maldita.es.
En la respuesta, Presidencia del Gobierno se limitaba a decir que el encuentro "se enmarca en la Agenda Institucional del presidente del Gobierno con personalidades nacionales y extranjeras" y que en la misma se departió sobre "la situación económica y financiera mundial". Ni se confirmó que fuera el día 27 de junio ni que fuera en Moncloa, solo que Soros y Sánchez, en efecto, se vieron. Esa información había sido negada días antes por Moncloa a ese mismo portal, que la había solicitado intentando hacer valer la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
El caso es que el asunto volvió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el organismo ha aprovechado ahora la resolución del expediente para afear a Presidencia del Gobierno su escasa disposición a informar sobre la agenda de trabajo de Pedro Sánchez. La resolución de Transparencia -fechada el pasado 12 de noviembre- obliga a Presidencia a responder de forma explícita a los reclamantes si el presidente del Gobierno se reunió con el empresario, a informar de la fecha del encuentro y también a confirmar si la reunión se celebró o no en la sede oficial de Presidencia del Gobierno, en el Palacio de la Moncloa. E insta de lo contrario a Moncloa a acudir a la jurisdicción económico administrativa para defender su posición de que esa información no es susceptible de hacerse público por no ser trascendente.
Transparencia también deja muy clara su posición sobre el conflicto. "Lo solicitado es de un claro interés público y mediático, por más que este interés se niegue, y no se aprecia la existencia de límites ni causas de inadmisión que hagan decaer la pretensión (de los reclamantes)".
Crítica abierta al 'ocultismo' de Moncloa
El duro tono empleado en la resolución de Transparencia viene en parte determinado por los argumentos esgrimidos por los servicios de Presidencia del Gobierno para desatender la reclamación de información sobre el encuentro. En sus alegaciones, Presidencia justifica su negativa a dar información sobre el encuentro en que "algunas de las reuniones que el presidente pudiera mantener deberían ser entendidas desde la perspectiva de una comunicación informal, de cortesía, bilateral... ya que, de celebrarse (en las alegaciones a Transparencia aún ocultaba la existencia de la reunión que luego sí admitió en la respuesta parlamentaria) no implicarían ejercicio de potestades propias de su cargo, ni arrojarían información pública relevante alguna a los efectos del derecho a la información, al tratarse básicamente de relaciones habituales con otros órganos, entidades, autoridades...".
Presidencia va más allá y defiende que ese tipo de reuniones tienen "naturaleza auxiliar y de cortesía institucional", que lo que se trata en ellas "no tiene relevancia para la tramitación de un expediente administrativo ni para la adopción de una decisión pública" y que en ellas "no ejercería el presidente las competencias tasadas que la legislación le atribuye en dicha calidad", en un giro que recuerda a la célebre explicación de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre que Pedro Sánchez como presidente jamás había dicho que lo sucedido en Cataluña constituía un delito de rebelión.... aunque sí lo hubiera hecho como líder de la oposición.
Transparencia destroza el alegato de Moncloa. Recalca que la información acerca de la actividad diaria de los responsables públicos debe ser publicada con la mayor extensión posible -siempre que tenga trascendencia pública- "como reflejo de su desempeño diario y del ejercicio de sus competencias, funciones y tareas".
El Consejo recuerda que tanto las instituciones europeas como muchos de los países de nuestro entorno más inmediato, e incluso siete comunidades autónomas, ya han desarrollado la obligación activa de dar publicidad a las agendas de trabajo de sus responsables públicos y que el asunto es todavía una cuenta pendiente para el Gobierno de España, pese a los anuncios realizados al respecto.
Admite que la actual Ley de Transparencia no obliga a tal cosa, pero recuerda que tampoco lo impide y que no hay mayor prueba de la necesidad de avanzar en ese sentido que "el hecho de que continúen sucediéndose reclamaciones presentadas por ciudadanos interesados en conocer detalles de la agenda de trabajo de los responsables públicos". En este sentido, reivindica la regulación de esta obligación de transparencia por ley también en España.
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