Transparencia Internacional plantea 20 medidas para luchar contra la corrupción

    • Transparencia Internacional propone un puñado de medidas para eliminar la opacidad de las instituciones y poner cerco a la corrupción.
    • La organización insiste en la urgencia de tipificar como delito la financiación ilegal de los partidos políticos.
El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano Álvarez.
El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano Álvarez.

Mejoras normativas, de procedimiento, cambios en la regulación electoral, Transparencia Internacional analizó hace unos meses con la ayuda de personalidades de la magistratura, de las fuerzas de seguridad, de los organismos anticorrupción, de la universidad y de instituciones especializadas el marco de la lucha contra la corrupción en España, detectó las principales debilidades y planteó un puñado de cambios que ayudarían a luchar contra el fenómeno. Son éstos:Más transparencia en partidos políticos

- Publicación en internet de las cuentas anuales detalladas de los partidos políticos y sus organizaciones vinculadas, especificando las cuentas de ingresos y gastos tanto a nivel geográfico como funcional e incluyendo el inventario de sus bienes patrimoniales.

- Publicación en internet de la auditoría anual del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de los partidos en el transcurso del año siguiente a la publicación de éstas.

- Publicación obligatoria de los préstamos concedidos a partidos políticos por parte de entidades bancarias, así como de los créditos condonados por las mismas.

- Prohibición de las donaciones a partidos políticos y fundaciones vinculadas por parte de empresas sometidas a licencias, regulación o subvenciones públicas.

- Prohibir a las fundaciones vinculadas a partidos recibir financiación o donaciones de personas que tengan ya prohibido realizar donaciones a partidos políticos.

- Tipificar jurídicamente el delito de financiación ilegal de los partidos políticos.

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- Establecer un procedimiento normalizado de auditoría interna de los partidos.

- Obligatoriedad de hacer pública la situación de quiebra económica cuando un partido ya no sea capaz de hacer frente a los pagos comprometidos.

Cambios en el proceso electoral

- Modificar la legislación y el sistema electoral con el establecimiento de listas abiertas en las que se pueda tachar y excluir a algunos de los candidatos.

- Prohibir la inclusión en las listas electorales de procesados o investigados por delitos de corrupción o, en todo caso, obligatoriedad de hacer pública esta condición a la hora de incluirlos en las mismas.

- Publicar obligatoriamente el curriculum de los candidatos y sus datos biográficos.

- Controlar estrictamente el cumplimiento de los límites sobre los gastos electorales y sancionar el incumplimiento por parte de los partidos, algo que no se ha venido haciendo hasta ahora.

- Que sea la Junta Electoral Central la que controle el cumplimiento del límite de los gastos electorales y no el Tribunal de Cuentas.

Propuestas de cambios legales

- Inhabilitación efectiva para el ejercicio de cargos públicos para cualquier político que sea condenado por un delito vinculado a la corrupción.

- Límite máximo de mandatos durante los que se puede ocupar un cargo público, para evitar que la política se convierta en un modo de vida.

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- Desarrollar legalmente una norma que ofrezca protección a los que denuncien casos de corrupción.

- Reforma integral del Tribunal de Cuentas con dos objetivos básicos: despolitizar la designación de consejeros del Tribunal de Cuentas haciéndola recaer en un órgano independiente y reducir el número de consejeros a tres, máximo cinco.

- Reforma mecanismos elección del Consejo General del Poder Judicial y del nombramiento de jueces a puestos superiores, limitando el número que pueden ser designados por partidos políticos.

- Limitar los privilegios jurídicos y judicial de los aforados, que actualmente disfrutan de un espacio excesivamente amplio de impunidad que levanta innumerables trabas a los jueces a la hora de actuar contra ellos.

- Limitar la concesión de indultos a los gobiernos, excluyendo en cualquier caso los indultos en casos de delitos de corrupción.

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