Tribunal Cuentas investiga desfase de 18 millones en Palacio Congresos Huesca

  • La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación en torno a presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de las obras del Palacio de Congresos de Huesca que inicialmente fueron presupuestadas en 13 millones de euros y, tras varias modificaciones, terminó superando los 31 millones.

Huesca, 25 sep.- La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación en torno a presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de las obras del Palacio de Congresos de Huesca que inicialmente fueron presupuestadas en 13 millones de euros y, tras varias modificaciones, terminó superando los 31 millones.

La fiscalía ve indicios de delito contable, ha detectado anomalías e irregularidades recogidas en el informe del tribunal del periodo 2008-2011 bajo el mandato del equipo de gobierno formado por PSOE-PAR en el ayuntamiento oscense, según informó este martes el presidente del organismo fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda en una comparecencia en la comisión mixta del Congreso.

"Hay un anexo en el que se determinan todas las cantidades, desde los 13 millones de euros a los 31 hasta junio de 2008, con una serie de bonificados que superan el 42 % del importe de la obra, cuando la ley solo permite el 20 %", ha asegurado a Efe el senador del PP por Huesca Antonio Romero, que preguntó al presidente del Tribunal de Cuentas por la gestión de las obras.

Romero ha asegurado que en esos 31 millones de euros "está incluido un adelanto de un millón seiscientos mil euros a la empresa constructora, Hinaco, de Monzón, con el fin de adelantar las obras para acoger varios actos de la celebración de la Expo", y ha afirmado que "encima ni se llegó a tiempo".

En este sentido, ha apuntado que "el Tribunal de Cuentas afirmó que la participación en los actos de la exposición internacional resultaba insuficiente para justificar el coste de las obras" y ha asegurado que además "también se adjudicaron de forma directa, a dedo, las obras de urbanización del entorno por valor de más de tres millones de euros".

Dentro de esos treinta y un millones de euros, según Romero, también estarían incluidos seiscientos mil euros del pago de intereses que reclamó la empresa constructora una vez finalizó la legislatura, un día antes de que entrase la nueva corporación, concretamente el 10 de junio de 2011.

El PP no descarta que existan responsabilidades penales y ha afirmado que "lo que sí está claro es que dentro de todo este maremagnum se han cometido constantes irregularidades, dentro del modelo made in PSOE".

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