Tribunal Supremo de Brasil rechaza reducción de penas en el juicio del siglo

Brasilia, 5 dic.- El Tribunal Supremo Federal de Brasil rechazó hoy la aplicación de beneficios que reducirían notablemente las penas de varios condenados en el "juicio del siglo", proceso que juzga un escándalo de corrupción destapado durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

Con los votos del presidente del Alto Tribunal, Joaquim Barbosa, y de otros seis magistrados, la mayoría del Supremo se mostró contraria a la adopción del beneficio de la continuidad delictiva solicitado por abogados defensores y apoyada por el miembro de la corte Marco Aurélio Mello.

Mello argumentó que el hecho de incurrir en delitos semejantes como gestión fraudulenta y blanqueo de capitales, ambos contra el sistema financiero, podía ser considerado como un delito continuado en el tiempo y por tanto defendió la aplicación de una única pena con agravante, en lugar de varias sumadas.

Esa medida podría haber supuesto la drástica reducción de la pena impuesta a 16 de los 25 condenados en el juicio del siglo.

El revisor del proceso, el juez Ricardo Lewandowski, fue el único que apoyó la postura de Mello.

Para el presidente del Supremo y relator del caso, la aplicación del beneficio es un "privilegio indebido" para condenados que "hacen de la práctica delictiva rutina".

En la sesión de hoy, la número 50 desde el inicio del proceso, el tribunal tenía el objetivo de decidir cuestiones como el ajuste de multas o la pérdida del escaño de tres de los condenados que en la actualidad son diputados parlamentarios, pero finalmente se ha abordado la propuesta de reducción de penas.

El "juicio del siglo", que comenzó el pasado 2 de agosto, ha declarado culpables a 25 de los 37 acusados a penas que sumadas llegan a 280 años de cárcel.

Entre los condenados se encuentra el exministro de la Presidencia José Dirceu, considerado en 2005, época de las denuncias, como la "mano derecha" de Lula y al que se le han impuesto diez años y diez meses de cárcel.

Durante el juicio la Corte ha establecido que hay pruebas suficientes de la existencia de una trama corrupta para la compra de apoyos parlamentarios tejida por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), extremo rechazado por esa formación que niega que haya sobornado a diputados.

En contra de lo establecido por el tribunal, el PT sostiene que esa trama sólo habría servido para la financiación de campañas políticas con recursos no declarados, lo cual habría restringido el asunto a un delito electoral ya prescrito.