Madrid, 13 mar.- El titular del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, ha afirmado que modificar la legislación hipotecaria para paliar los desahucios "no debería tener efectos perniciosos" en el sistema financiero dada la baja morosidad del sector en el segmento de crédito minorista.
Durante una jornada parlamentaria organizada por el grupo del PSOE en el Congreso sobre cambios en el procedimiento hipotecario, Fernández Seijo ha recordado que en el caso de préstamos a consumidores la morosidad es inferior al 4 % y el grueso del crédito moroso (el 80 %) afecta al sector de promoción de viviendas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sentencia mañana si las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son compatibles con las normas europeas de protección de los consumidores, en respuesta a una consulta efectuada por el juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona.
El juez ha rechazado Fernández Seijo ha rechazado el argumento de que el sistema de acceso a la propiedad que hay en España sea "el mejor del mundo", aunque ha puntualizado que es "único en el mundo", debido a la facilidad y sencillez existente para comprar una vivienda, comparable sólo con los existentes en Irlanda y Alemania.
Asimismo, también ha recordado que durante la década de 1980 el Tribunal Constitucional no llegó a declarar inconstitucional la normativa hipotecaria porque era una ley preconstitucional, pero en sus sentencias advirtió de que se debía interpretar conforme a los preceptos de la Constitución.
Las asociaciones patronales del sector financiero han achacado el repunte de los desahucios a la crisis económica y han defendido que la regulación hipotecaria española está entre las mejores de Europa y eventuales cambios en la misma restringirán el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Fernández Seijo es el juez que elevó la consulta al Tribunal de la UE a raíz de una demanda contra CatalunyaCaixa presentada por un propietario que había sido desahuciado de su vivienda por impago, alegando que la hipoteca que firmó con la entidad financiera contenía cláusulas abusivas.
Respecto a la sentencia de la corte europea, que previsiblemente se conocerá mañana y podría obligar a España a modificar algún aspecto de la legislación, el titular del juzgado barcelonés le ha restado importancia, ya que la problemática de los desahucios está instalada en la sociedad.
En su opinión, una sentencia que obligase a modificar la legislación española serviría tan solo para acelerar la solución al problema.
Fernández Seijo ha llamado la atención sobre el hecho de que la ley española impide al juez analizar las razones que llevan la ejecución para conocer si afecta a la primera vivienda de un particular o a otro tipo de bien (segunda residencia o plaza de garaje) y no tiene intervención en el procedimiento de ejecución hipotecaria.
Una ejecución hipotecaria es un proceso "automático, despersonalizado", en el que quien actúa son los mandatarios del ejecutante, que habitualmente es la entidad financiera, ha explicado.
Por lo tanto, ha dicho, cualquier reclamación que se haga sobre la revisión del préstamo se hace ya con el desahucio producido y con la vivienda ya perdida, lo que desde su punto de vista hace al sistema ineficaz.
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