Una vocal del Poder Judicial cree que hay un sector político vasco que debe poder expresarse

  • Logroño.- La vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uría ha eludido hoy opinar sobre la legalización de Sortu, pero ha dicho que hay un sector la sociedad vasca con una determinada sensibilidad política para el que siempre ha defendido que "debe tener su posibilidad de expresarlo en las urnas".

La Fiscalía cree exigible que Sortu condene la violencia "anterior" de ETA
La Fiscalía cree exigible que Sortu condene la violencia "anterior" de ETA

Logroño.- La vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uría ha eludido hoy opinar sobre la legalización de Sortu, pero ha dicho que hay un sector la sociedad vasca con una determinada sensibilidad política para el que siempre ha defendido que "debe tener su posibilidad de expresarlo en las urnas".

Uría ha asistido hoy Logroño a la toma de posesión del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Miguel Escanilla, a quien ha apadrinado el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.

Sobre Sortu, Ibarra ha rechazado que haya habido una parte de la sociedad que no ha podido votar a sus opciones políticas, porque solo se ha impedido votar a las organizaciones que han sido disueltas por la comisión de actos delictivos.

Ha recalcado que toda la sociedad vasca ha tenido derecho a voto desde 1977 y que, desde que entró en vigor la Ley de Partidos, no ha podido votar a las organizaciones que han tenido connivencia o relación delictiva con el terrorismo.

Ibarra ha respaldado que puedan concurrir a las elecciones los partidos incluidos en el registro, pero su inscripción deberá ser comprobada por una sala del Tribunal Supremo que comprobará si Sortu tiene continuidad con los otros partidos disueltos, como Batasuna.

Los tribunales establecieron en su día la relación entre ETA y determinadas organizaciones políticas, lo que causó su ilegalización y posterior disolución, ha detallado, aunque "eso no quiere decir que las personas que militaron en esos partidos hayan perdido derechos políticos".

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