Upyd defiende “más pasos” para combatir la corrupción

La líder del Grupo Parlamentario UPyD, Rosa Díez, defendió hoy en el Congreso de los Diputados dar “más pasos” para combatir la corrupción, al tiempo que abogó por adoptar medidas para acabar con la “arbitrariedad” de la concesión del indulto.
Así lo dijo en el Pleno del Congreso de los Diputados, al defender la moción consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno sobre “las reformas legales necesarias para la persecución de la corrupción política, la tipificación penal de la financiación ilegal de los partidos políticos, el enriquecimiento injusto de los cargos públicos electivos y la reforma de la figura del indulto”.
Tras admitir que en tras el Debate Sobre el Estado de la Nación el Congreso aprobó una resolución contra la corrupción, Rosa Díez dijo que “hay que dar más pasos de los que ya hemos dado” en la Cámara Baja.
Además, apostó por “abordar ahora mismo” la reforma de la ley de 1870, que regula la concesión de indultos por entender, entre otras cosas, que ha de haber una “clara distinción entre lo que supone la discrecionalidad y la arbitrariedad”.
Por su parte, el diputado del PP Leopoldo Barrera afirmó que su partido cree que “la corrupción debe ser combatida sin descanso”, lo que no significa que por esa razón “considere acertado cualquier planteamiento” para tal efecto.
En este sentido, defendió que la “determinación” del Gobierno frente a la corrupción es “ha sido constante” y que el Ejecutivo “ya está actuando” en virtud de los compromisos adquiridos en el último Debate sobre el Estado de la Nación.
En cuanto al indulto, señaló que se trata de un instrumento “extraordinario” y recordó que el Gobierno sólo concede el 7% de los solicitados.
CONTRA NATURA
Por su parte, el diputado del PSOE Gabriel Echávarri (PSOE) señaló que someter la concesión del indulto a la revisión de los tribunales contencioso-administrativos “va contra la propia naturaleza del derecho de gracia”.
Tras señalar que el PSOE no puede coincidir “con la totalidad” de las propuestas de UPyD, Echávarri añadió que para combatir la corrupción ha de haber un “compromiso colectivo en el que se impliquen todos los poderes públicos”.
Pidió al PP que “despida a todos los Bárcenas que tienen por el país”, porque es muy difícil para los ciudadanos creer en un Gobierno y en un partido que en el Congreso apoya y aprueba una cosa y fuera hace otra.
Por parte del Grupo Parlamentario de CiU intervino Mercè Pigem, señaló que es comprensible que se pida una revisión de la figura del indulto y abogó por una “nueva regulación” de esta figura, pues la ley vigente que la sostiene data de 1870.
En cuanto al Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Ricardo Sixto defendió que al cambiar la ley para combatir la corrupción es preciso “tener en cuenta que el bien jurídico a proteger”, que es “el respeto y la lealtad a los principios constitucionales” y al propio sistema democrático.
“Es fundamental que entre todos busquemos una solución al problema de la corrupción”, dijo Sixto, quien defendió una enmienda de su grupo parlamentario con más de 40 puntos para combatir la corrupción.
Una de las cuestiones importantes para la Izquierda Plural es abordar una ley de financiación local que dé suficiencia económica a los ayuntamientos y evite que éstos tengan que recurrir a planteamientos económicos para tenerla.
DESMESURADAMENTE DISCRECIONAL
Emilio Olabarría (PNV) dijo que la corrupción empieza a adquirir “rasgos preocupantes” en España, prueba de ello es que actualmente hay 730 imputados por casos de corrupción distintos.
Además, defendió la “necesidad de causalizar la concesión del inulto, que es desmesuradamente discrecional”.
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto intervinieron Alfred Bosch (ERC) Y Joan Baldoví (Compromís-Equo).
Bosch manifestó que “la corrupción se centra donde está el poder” y que los dos grandes casos que existen hoy por esta lacra (Bárcenas y Urdangarin) “ponen en entredicho las dos máximas instituciones de este país”.
“Eso hay que decirlo y hay que solucionarlo porque si no la presunción de que todos somos iguales acaba minando el mismo sistema y no todos somos iguales”, dijo.
Baldoví criticó que el presidente del Gobierno, Marian Rajoy, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sigan “silbando y mirando para otro lado” cuando su partido “ha ganado elecciones ‘dopado’ con el dinero ilegitimo de la financiación ilegal”.
Por esta razón, se mostró partidario de que se castigue la financiación ilegal de partidos y otras medidas que propone UPyD.
Al finalizar el debate UPyD señaló que estaba hablando con algún grupo parlamentario para negociar un texto. Celia Villalobos, vicepresidenta de la Mesa del Congreso, pidió a Rosa Díez que cuando hubiera tomado una decisión lo comunicase al citado órgano parlamentario.
LA MOCIÓN
La moción de UPyD pretende instar al Gobierno a adoptar siete medidas, entre las que se encuentra “introducir las reformas legales necesarias para que, sin modificar la naturaleza esencialmente discrecional del indulto, deje de usarse de forma arbitraria, como actualmente viene ocurriendo”.
En este sentido, UPyD considera que debe “exigirse la obligación de motivar en todo caso las razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifican el indulto (tanto total como parcial)”.
Además, considera que en el caso de que se conceda el indulto en contra de la opinión de la fiscalía o del tribunal sentenciador, la motivación debe “incluir las razones por las que se ha decidido en el Real Decreto apartarse de dichos criterios”.
La iniciativa de UPyD también propone reformas legales para que pueda recurrirse la concesión de un indulto ante la jurisdicción contencioso-administrativa, bien porque no se han cumplido los requisitos para la concesión de esta medida de gracia, bien porque no esté debidamente motivada.
Asimismo, propone un mecanismo legal de “control parlamentario y rendición de cuentas” por parte del Gobierno de los indultos tramitados.
Otra de las medidas que pide UPyD es “establecer un delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos”.
Además, pide Incorporar a la legislación penal el delito de “enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electivos, cuyo elemento fáctico típico se sustentaría en el incremento de patrimonio desproporcionado o injustificado de un político en relación con los ingresos que, por obligación legal, debe declarar públicamente”.