UPyD madrugó este domingo para presentar una denuncia en la Ciudad de la Justicia contra el presidente de la Generalitat y los consellers de Educación e Interior, además de solicitar la actuación de las fuerzas de seguridad para el cierre de los edificios públicos que albergan las urnas del 9N, el decomiso del material y la detención de los voluntarios en caso de que se les identifique y se nieguen a hacerlo.
Acudían sobre las 9:00 horas y para presentar la denuncia por delitos "flagrantes y permanentes" de desobediencia, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la consellera de Educación, Irene Rigau, u el de Interior, Ramón Espadaler, y, según ellos, todos sus cómplices, cooperadores necesarios, encubridores y demás coautores que resulten de las actuaciones que se practiquen.
Según ha explicado a las puertas de la Ciudad de la Justicia el portavoz de UPyD de Catalunya, Ramón de Veciana, serán las fuerzas de seguridad quinenes decidan si detener o no a algún presidente de mesa por "oponerse a las actuaciones policiales".
La denuncia recoge cómo "a pesar de la suspensión taxativa del Tribunal Constitucional (TC) realizada hace 15 días, la Generalitat ha abierto institutos y edificios públicos que dependen de la Consellería de Educación para la realización de la consulta suspendida facilitando su logística y los medios necesarios para realizarla".
También consideran que el Govern ha puesto a disposición del 9N funcionarios públicos y a los Mossos d'Esquadra "en la realización de actos ejecutivos de la organización del porceso de participación ciudadano y ha hecho entrega de las llaves de los edificios a voluntarios de afiliación desconocida dependientes en su mayoría de la ANC".
De Veciana ha declarado a los medios que Artur Mas está cometiendo actos muy graves que se podrían calificar de "golpe de Estado", en los que, según él, no se utiliza la violencia pero sí la coacción, y ha añadido que el presidente del Gobierno centra, Mariano Rajoy, no hace nada para impedirlo, por lo que le considera parte de la hoja de ruta de los indpendentistas.
Da la impresión, ha dicho, de que por parte del Ejecutivo hay "interés" en que el proceso se celebre, aunque espera que la Justicia atienda a la querella de UPyD "y más pronto que tarde" se retiren las urnas para que ni siquiera se llegue al recuento de votos.
UPyD recuerda en la querella las dos suspensiones cautelares de la consulta que ordenó el Tribunal Constitucional y que, pese a ello, el presidente de la Generalitat decidió convocar "sin publicación de Decreto ni disposición administrativa alguna" una consulta popular, de idéntico contenido material que la anterior, denominada eufemísticamente "Procés de participació ciutadana" (proceso de participación ciudadana).
A pesar de la suspensión "taxativa y rotunda" del Constitucional, la Generalitat -señala el texto- ha abierto esta mañana institutos y edificios públicos, dependientes del Departamento de Enseñanza para la realización de la consulta "suspendida", facilitando la logística y todos los medios materiales para su realización.
También, ignorando esa suspensión y para llevar a cabo este proceso ha puesto a disposición a funcionarios públicos de la Generalitat y a los Mossos de Esquadra, argumenta UPyD en la querella.
Se trata de la segunda denuncia de la formación magenta contra el presidente de la Generalitat, después de la que presentó ante el Tribunal Supremo hace justo un mes y que amplió posteriormente en dos ocasiones al entender que Mas incumplía las resoluciones del Constitucional.
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