Upyd pedirá al gobierno eliminar los aforamientos previstos en la constitución

UPyD ha presentado una moción consecuencia de interpelación en la que pide al Gobierno que impulse la eliminación de los supuestos de aforamiento previstos en la Constitución en el “próximo proceso de reforma constitucional” y que se sometan a “revisión en su conjunto todas las prerrogativas parlamentarias”.
Esta moción sucede a la interpelación que Rosa Díez hizo el pasado miércoles al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante la cual cifró en 10.000 el total de cargos que se pueden acoger al régimen de aforamiento. La propuesta se debatirá en el pleno de este martes.
Gallardón recordó en ese debate a la portavoz de UPyD que el Parlamento sólo tiene jurisdicción sobre 57 aforados y que de esos 10.000, más de 7.000 son jueces, magistrados y fiscales.
Ahora, la formación magenta pide que mientras no se realiza la reforma constitucional que reclama y en un plazo no superior a seis meses, se impulsen las “reformas legales necesarias a fin de suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en distintas leyes”.
La iniciativa explica que las prerrogativas parlamentarias fueron asumidas, “sin gran debate por parte del constituyente”, por la Constitución de 1978, que las contempla en su artículo 71.
En sus tres primeros apartados establece que los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, que durante su mandato tendrán “inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito” y no podrán “ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”.
Además, queda fijado que “en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”, y no el juez natural.
UPyD entiende que en un Estado que se define como social y democrático de Derecho, “que debe asegurar el imperio de la ley y que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, entre otros, la justicia y la igualdad, no tienen cabida los privilegios” que pueden obstaculizar la lucha contra la corrupción política.
La formación insiste en que la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias “suponen un verdadero anacronismo” y puede ser interpretada por los ciudadanos como “privilegios personales de los parlamentarios”.
En un Estado democrático, continúa la exposición de motivos, “la mejor garantía para impedir la instrumentación política del procesamiento o detención de un parlamentario consiste en la independencia de los jueces y tribunales”, mientras que la figura del aforamiento “retrasa el procedimiento, provoca disfunciones y una sensación entre la ciudadanía de que la Justicia no es igual para todos”.