Uruguay impondrá un precio máximo para el 25 % de las viviendas protegidas

Montevideo, 17 jun.- Al menos una de cada cuatro casas que se construyan en Uruguay con exoneraciones fiscales para vivienda social tendrá un precio máximo que fijará el Gobierno para garantizar el acceso a un hogar propio a los sectores económicos medios y bajos de la población, confirmaron hoy fuentes oficiales.

A través de un decreto, el Gobierno busca responder a una necesidad generada tras la aprobación en 2011 de una Ley de Vivienda de Interés Social, que otorgaba importantes exoneraciones impositivos a empresas privadas que construyeran viviendas en zonas con escaso valor comercial.

Esas exoneraciones repercutieron en una mayor construcción, pero sin que los precios se hayan visto rebajados del modo que se pretendía, señalaron a Efe fuentes del Ministerio de Vivienda.

"Lo que observamos, particularmente en Montevideo, es que no se están trasladando las exoneraciones al precio final. Y como el mercado no se regula solo, se decidió ajustarlo. De ahora en más, el 25 % de esas viviendas deberán estar por debajo de ciertos topes", indicaron las fuentes.

Según informa la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) esos precios serían 82.300 dólares para viviendas de un dormitorio, 109.200 dólares para las de dos y 135.600 para las de tres dormitorios.

Desde el ministerio apuntaron que ese precio en ningún caso estará por debajo de los costos de construcción en los que incurra el constructor ni evitará que obtengan beneficios.

"Los precios que se establecerán son tasados y son reales, hay un margen para beneficio. Está bien que los constructores que corren con el riesgo ganen, pero no pueden ganar el doble a expensas del sacrificio fiscal del Estado. Se trata de que todos obtengan beneficios", añadieron los portavoces del ministerio.

En ese sentido, desde el Ministerio de Vivienda se reconoció el éxito del plan de vivienda social que ha permitido la construcción de unas 9.000 viviendas en dos años, muchas de ellas ya terminadas, con una inversión procedente de capitales privados cercana a los mil millones de dólares.

Junto a esta promoción de viviendas, desde el ministerio también se crearon instrumentos fiscales para favorecer el ingreso de la población con menos ingresos.

Según indicó el ministerio, para los promotores esta decisión no constituye "ninguna sorpresa", ya que se viene concertando con ellos desde hace tiempo una solución para este problema.

"Ellos también han presentado propuestas alternativas. Pero bueno, habrá algunos que sigan viendo la construcción de vivienda social como buen negocio y otros, no", indicaron.

En cualquier caso, desde el ministerio se consideró que es "muy razonable" que si se crea un instrumento de políticas pública a costo de los ingresos del Estado, "es razonable que el público objetivo pueda acceder a ella y por tanto hay que ajustar el instrumento lo que sea necesario".