Las alertas llegaron por la mala situación que atravesaba el negocio de uno de los implicados. Desde 2015, el despacho de abogados situado en Valencia de José María Corbín empezó a sufrir una caída considerable en su capacidad económica. Un nombre que puede desconocer la gran mayoría. Pero Corbín sí era una persona importante: era el cuñado de Rita Barberá. El año tampoco es casualidad. Fue en el que la política ya fallecida perdió la alcaldía de la capital valenciana en los comicios municipales donde la izquierda sumó mayoría. Aquellas circunstancias fueron las que advirtieron a los investigadores de la Guardia Civil de que algo se estaba cociendo. Así surgió la operación Azud, que investiga las comisiones fraudulentas recibidas por políticos y 'conseguidores' como Corbín. Y que ha acabado golpeando al Gobierno central tras la detención de su subdelegado en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio.
El caso Azud consiste en una trama de corrupción urbanística donde las protagonistas vuelven a ser las comisiones a cambio de adjudicaciones en suelo público. A eso hay que sumar la posible adquisición de suelo público en unas condiciones mucho más ventajosas de cara a futuras promociones, que impediría a otros interesados concurrir en igualdad de condiciones para promover esos paquetes urbanísticos. Ente las operaciones que formarían parte de las 'mordidas' estaría el conocido como PAI de Grao, que fue uno de los desarrollos inmobiliarios de los últimos años. Este era especialmente conocido por ser el que compartió suelo con el trazado del circuito de Fórmula 1 que se ideó para la ciudad en la etapa de Francisco Camps como presidente de la Generalitat.
José María Corbín era una pieza clave por ser el presunto intermediario entre las empresas interesadas en construir en Valencia. Una labor por la que, según la investigación, recibía comisiones de estas firmas. Las cuales podrían haber sido en efectivo o incluso en forma de propiedades. Ese despacho, Corbín Abogados SL, es el que permitió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dar los primeros pasos para descubrir la enésima trama corrupta de la Comunidad Valenciana, que vuelve a salpicar al PP de la etapa de Camps y Barberá. Pero en este caso, también afecta al PSOE y a un cargo vinculado al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Tanto los investigadores como la Fiscalía Anticorrupción vieron muy extraño que una firma tan exitosa de repente sufriera una crisis de facturación. Y que esto ocurriera justo después de que su responsable 'perdiera' a su familiar en la gestión del consistorio valenciano. Esto derivó en posibles indicios de que Corbín pudo hacer asesoramientos simulados a esas compañías, los cuales habría justificado a través de la emisión de facturas falsas. Esa pista abrió la puerta a que se le achacaran posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos o blanqueo de capitales. El cuñado de la exalcaldesa ya fue detenido en 2019. Antes, habría vaciado la caja de su despacho por las sospechas que había sobre él, según apuntó la investigación.
Rubio, un procesado que mantenía el cargo
La novedad ahora está en que otros miembros del Ayuntamiento durante la etapa de Barberá también estuvieron implicados. El más destacado de todos es Rafael Rubio, que entonces era concejal por el Partido Socialista. Es decir, estaba en el principal partido de la oposición y aun así habría formado parte de una trama de la que obtuvo mordidas. Estas alcanzarían los 300.000 euros, según las fuentes de la investigación citadas por medios locales como 'Levante-EMV'. Esto le ha costado su cargo de subdelegado del Gobierno. La Delegada del Ejecutivo en la autonomía, Gloria Calero, le destituyó en cuanto se conoció el arresto.
La caída de Rubio no es una más. Este seguía como subdelegado a pesar de estar procesado en el caso de los 'zombies', una pieza separada de Taula en la que se investigaba la contratación de unos asesores en la empresa pública Imelsa que, en realidad, no hicieron ningún trabajo y aun así percibieron una remuneración. Además de contar con ese puesto de relevancia como el de 'número 2' de la oficina que representa a Moncloa en el Comunidad Valenciana, en las últimas décadas ha sido uno de los activos relevantes del PSPV, la marca regional de los socialistas. De hecho, su carrera política ha estado vinculada a la del ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
El otro arresto destacado es el de un 'viejo conocido' en lo referido a la corrupción en el territorio valenciano. Se trata de Alfonso Grau, vicealcalde con Barberá. Este ya fue condenado por recibir relojes de lujo de un empresario y, posteriormente, intercambiarlos por piezas más valiosas en la misma joyería de la que salieron. También se le investigó por el caso del 'pitufeo', por el que los miembros del grupo municipal del PP recibían dinero de una supuesta caja B tras hacer una donación al partido.
En el caso de Grau, las comisiones habrían alcanzado el millón de euros, según la investigación. Estas habrían sido siempre en metálico. Su entorno también estaría implicado en la trama, después de que los agentes de la Guardia Civil hayan detenido casi a la vez a una de sus hijas. A ellos se suma el constructor Jaime María Febrer, que sería uno de los supuestos comisionistas. En total, cuatro detenidos que podrían ser más próximamente. El arresto de Corbín se produjo hace casi dos años, y desde entonces, el caso se mantiene bajo secreto de sumario.
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