Venezuela. Los partidos negocian en el congreso de los diputados una posición común sobre la violencia en venezuela

UPyD negocia este martes en el Congreso de los Diputados con PP, PSOE y PNV una posición común sobre la violencia en Venezuela para reclamar al Gobierno y a la oposición un diálogo que evite la confrontación.
Irene Lozano defendió la proposición no de ley de UPyD, a la que PP, PSOE y PNV presentaron enmiendas. Concluido el debate, los grupos continuaban la negociación de un texto transaccional propuesto por Lozano para intentar conjugar todos los matices y aunar una posición común.
En ese texto transaccional, se expresa la condena al uso de la violencia y las muertes de manifestantes, y se reclama al Gobierno de ese país "el respeto a los principios universales de la democracia, del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos, que comprometen a todos los regímenes democráticos" así como el cese de "cualquier forma de acoso a la oposición pacífica".
También expresa su solidaridad con los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente y con los medios de comunicación críticos con la situación del país, por lo que rechaza "todo propósito y represión gubernamental que restrinja la libertad de expresión y de manifestación ciudadana, así como la limitación y persecución de medios de comunicación y periodistas" y llama al Ejecutivo a garantizar y respetar los derechos políticos y sociales de todos los ciudadanos venezolanos.
Asimismo, reclama al Gobierno "el cumplimiento sin restricciones, dentro de la legalidad vigente, de las libertades de expresión, asociación, manifestación y acción política, liberando a todos aquellos ciudadanos venezolanos detenidos o penalizados por el ejercicio pacífico de estos derechos", y solicita en consecuencia "la desactivación de los grupos parapoliciales y paramilitares que actúan con impunidad atacando a los manifestantes y activistas de la oposición venezolana".
Lozano insistió en que Venezuela está "al borde del colapso" y a España se le está haciendo "un poco tarde" para definir una posición, hasta el punto de que resulta "bochornosa la inhibición permanente" del Gobierno español.
Aitor Esteban, del PNV, defendió su enmienda porque, pese a estar de acuerdo con la necesidad de un diálogo que supere la confrontación, pero alertó de la necesidad de "acertar" no solo en el contenido de la posición sino también en la forma.
Asimismo, Francisco González, del PSOE, se mostró partidario de huir de cualquier posición "maniquea" y de análisis "simplistas", y de dejar de "repartir culpabilidades según nuestro interés político". Pidió distinguir, por un lado, al Gobierno legítimo y a la oposición democrática, de quienes desde los extremos "ponen en cuestión la legitimidad" de ambos.
En nombre del PP, Guillermo Mariscal advirtió de que la situación es "extremadamente compleja" y requiere una mirada "responsable, prudente y constructiva". Por eso explicó que su grupo comparte la posición de fondo con UPyD pero defendió la enmienda por entender que el texto original carece de "elementos que consideramos esenciales".
También el portavoz de CiU, Antoni Picó, explicó que comparte la preocupación por la situación en Venezuela pero mantenía "serias objeciones" respecto de las formas del texto presentado.
En nombre de Izquierda Plural, Joan Josep Nuet subrayó que el golpe contra Hugo Chávez tuvo el "apoyo y la comprensión" de José María Aznar, y se preguntó si hoy ocurre lo mismo con UPyD respecto a Nicolás Maduro, al que señaló como objetivo de una "guerra económica" orquestada por grupos de oposición que especulan con productos básicos dentro de un patrón muy similar, aseguró, al de aquel otro episodio de violencia con el que se pretendía "justificar" el golpe contra Chávez.
Desde el Grupo Mixto, tanto el BNG como ERC y Amaiur se pronunciaron en el sentido de reclamar investigaciones sobre posibles violaciones de derechos fundamentales, pero subrayando la legitimidad del Gobierno de Venezuela frente a grupos que pretenden "desestabilizar".