Victoria: denuncia por abusos sexuales debe interponerla víctima o sus padres

Madrid, 15 feb.- El consejero madrileño de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ha dicho hoy que un centro de orientación sobre abusos sexuales a menores no puede, según el Código Penal, denunciar de oficio el caso, pues corresponde hacerlo a la propia víctima o sus padres, como representantes legales.

Victoria, que fue consejero de Asuntos Sociales entre 2011 y 2013, se ha referido así al caso de una exalumna del colegio madrileño Valdeluz que presuntamente sufrió abusos sexuales por parte de un profesor de ese centro educativo que ha sido detenido por supuestas agresiones del mismo tipo a varias alumnas más.

La familia de la joven, según fuentes de la investigación, acudió en 2007 al Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (CIASI), de la Comunidad de Madrid, donde recibió apoyo.

"En este caso concreto, los padres y la víctima recibieron asesoramiento y se les orientó psicológicamente", ha corroborado Salvador Victoria, quien ha reiterado que "por el tipo de delito de que se trata, era decisión de los padres" denunciarlo ante la Justicia.

El consejero ha recordado que "los padres decidieron no hacerlo" y ha insistido en que las competencias que tiene la Comunidad de Madrid con su CIASI son las referidas a la orientación y el apoyo "y así es como se debe actuar de acuerdo con la ley y el Ministerio Fiscal".

Fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales, de la que depende el CIASI, explicaron este viernes a Efe que su función es ofrecer apoyo a menores víctimas de abusos y también asesorar y orientar a las familias jurídicamente, y "siempre se aconseja a los familiares que denuncien".

El profesor del colegio Valdeluz Andrés D. fue detenido el martes pasado por la Policía como presunto autor de ocho delitos de abusos sexuales cometidos desde 2006 contra alumnas del centro y de la academia Melodía Siglo XXI, si bien los investigadores le relacionan con otros cuatro casos.

Este viernes, Andrés D. ingresó en prisión provisional por siete delitos de abusos sexuales, mientras que el director y el jefe de estudios del centro -detenidos también y puestos en libertad con la obligación de comparecer ante el juez porque pudieron conocer los abusos y no los denunciaron- renunciaron a sus cargos.