Vigencia de ley que "amordaza" a la prensa abre la polémica en Costa Rica

  • La entrada en vigencia de una ley que castiga con cárcel la publicación de información "secreta" sobre política y seguridad generó hoy muchas críticas contra el Gobierno de Costa Rica por parte de los medios de comunicación, que se consideran "amordazados".

Douglas Marín

San José, 8 nov.- La entrada en vigencia de una ley que castiga con cárcel la publicación de información "secreta" sobre política y seguridad generó hoy muchas críticas contra el Gobierno de Costa Rica por parte de los medios de comunicación, que se consideran "amordazados".

"El riesgo de cárcel es tanto para periodistas como para ciudadanos por el hecho de recopilar información que pueda ser usada en contra de un corrupto que luego lo puede demandar", expresó a Efe el presidente del Colegio de Periodistas (Colper), José Rodolfo Ibarra.

El comunicador afirmó que uno de los mayores riesgos de esta ley es que las penas de cárcel van de cuatro a ocho años, lo que no permite cumplir la pena en libertad condicional, beneficio utilizado para sentencias a menos de tres años de prisión.

"Estamos en un país que siempre se ha dicho que es respetuoso de las libertades públicas y estamos dando un muy mal ejemplo. Definitivamente esta ley es una mordaza que Costa Rica no se merece y a la que no está acostumbrada", manifestó Ibarra.

"Amordazan prensa tica", es el enorme titular en letras rojas que hoy publica en portada el Diario Extra, con un fondo totalmente negro y acompañado del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, referente a la libertad de opinión, de expresión y de acceso a la información.

Esta portada resume la reacción de la prensa costarricense en general, que ha criticado al Ejecutivo por publicar la ley este miércoles en la página web del diario oficial La Gaceta, en momentos en que una comisión de la Asamblea Legislativa discute reformas al texto.

La polémica surge a raíz de que el artículo 288 de la ley de delitos informáticos castiga con cuatro a ocho años de cárcel a quien "procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado".

Según ha dicho el Gobierno la redacción del artículo es "inadecuada" y se debe reformar, aunque ha manifestado que el término "secreto político" se halla en el Código Penal desde hace 42 años con penas por su publicación de uno a seis años de prisión, sin que se haya condenado a nadie hasta el momento.

Esta ley fue firmada por la presidenta Laura Chinchilla en julio pasado, pero no había sido publicada en La Gaceta oficial por un acuerdo con los medios de comunicación y el Colegio de Periodistas mientras se tramitaban reformas al texto en el Congreso.

Sin embargo, fue publicada este miércoles ante la sorpresa de los periodistas.

El ministro de Comunicación, Francisco Chacón, dijo hoy a Radio Monumental que la publicación "es simplemente parte del procedimiento y una obligación" y que "la intención del Ejecutivo no es establecer ninguna restricción a la libertad de prensa".

"La idea es que la discusión continúe en la Asamblea Legislativa para ponernos de acuerdo en un lenguaje que deje tranquilos a todos. Cualquier interpretación negativa que pueda tener la legislación que deba ser corregida para que todo mundo esté tranquilo, es algo apoyado por el Ejecutivo", manifestó.

El presidente del Colper dijo que el ministro de la Presidencia, Carlos Benavides, le aseguró que el Gobierno apoyará un trámite expedito de las reformas y su envío al Plenario del Congreso en las sesiones extraordinarias de diciembre, en las que el Ejecutivo controla la agenda.

Sin embargo, Ibarra aseguró que se reunirá con la defensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaum, para interponer una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley.

El Secreto de Estado establecido en la Constitución Política es la única limitación que existe en acceso a información pública, según defiende el gremio periodístico.

El fiscal general, Jorge Chavarría, afirmó a la emisora Radio Reloj que esta ley es "desafortunada" y "un limitante a la libertad de prensa", al tiempo que expresó su preocupación porque se mantenga el término "secreto político".

"Los funcionarios tenemos que estar abiertos a ese control de la prensa aunque a veces no nos guste", expresó Chavarría.

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