Zapatero, de paladín del diálogo a rey del decreto

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a la Moncloa en 2004 con una cantinela que repetía siempre que tenía oportunidad: su Gobierno sería el de la mano tendida a la oposición para alcanzar pactos de Estado y el Congreso se convertiría en la piedra angular de la vida política española. Seis años después, ni mesa y mantel con la oposición ni debate en el Parlamento. De paladín del diálogo a rey del decreto-ley.

Desde octubre de 2008, el Ejecutivo ha aprobado al menos diez decretos-ley, ocho de ellos relacionados con la gestión de la crisis: el 'flotador' a las entidades bancarias, la ayuda de 420 euros a los parados, las medidas del Pacto de Zurbano, el recorte del déficit público, el abaratamiento del despido y la Ley de Cajas. Los otros dos, TDT de pago y Ley del Aborto.

A Zapatero sólo le dieron palmaditas de felicitación con el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). El resto de medidas económicas fueron aprobadas por decreto-ley después de sonados fracasos en la negociación y acuerdos 'in extremis'. Mientras, la TDT de pago y la Ley del Aborto necesitaron del decreto-ley sin que existiera ninguna urgencia para su aprobación, lo que confirma la pérdida de fe de Zapatero en el debate.

Esta figura legislativa está prevista en el art. 86 de la Constitución como una medida que se puede adoptar en caso de "extraordinaria y urgente necesidad" y que deberá ser inmediatamente sometida "a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados". El Gobierno legisla sin necesidad de alcanzar acuerdos con el resto de partidos si tiene mayoría en la Cámara Baja. Su negociación casi se convierte en un acto estético.

Tal vez por eso, Zapatero ha dado la espalda a la mano tendida y el debate parlamentario para apostar por la aplicación del decreto, amparado por la delicada situación económica y la falta de apoyos en la oposición. En esta fórmula, el Gobierno suele sentirse especialmente seguro porque los diputados no puede modificar el texto, sólo apoyarlo o rechazarlo.

Inyección pública a bancos y parados

Los dos decretos-ley de apoyo a las entidades en pleno deterioro financiero internacional contaron con el respaldo de la mayoría del Congreso. El decreto de compra de activos bancarios recibió 325 votos, de los cuales 320 fueron a favor, 4 en contra y una abstención. La concesión de avales a la banca recibió 321 votos a favor y 4 abstenciones.

PSOE, PP, CiU, PNV, ERC, Coalición Canaria y UPyD respaldaron el préstamo de 10.000 millones de euros a cargo del Tesoro, ampliable a 30.000 millones, para la compra de activos bancarios para evitar su quiebra. Además, se tomó la decisión de avalar las operaciones de crédito de los bancos por valor de 100.000 millones de euros durante 2008.

No sólo los bancos encontraron respaldo en el Gobierno, también lo hicieron los parados de larga duración. El Ejecutivo aprobó un decreto por el que los parados a los que se les haya agotado la prestación y no tengan ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional pueden recibir 420 euros mensuales durante un semestre. Esos seis meses son prorrogables otros seis si la tasa de paro supera el 17%.

Las medidas del 'Pacto de Zurbano'

El decreto de Zurbano, con 26 medidas para la lucha contra la crisis, encontró colaboración en la oposición pero en ningún caso satisfacción generalizada. Tal y como expresaron en su momento la mayoría de partidos, las medidas iban en la dirección correcta aunque eran insuficientes: acciones dirigidas a las pymes, rebajas del IVA y deducciones del IRPF para la rehabilitación de viviendas.

El primer texto presentado por el Gobierno constaba de 54 medidas, un número demasiado elevado para alcanzar un acuerdo mínimo y un tiempo razonable. Finalmente, el Ejecutivo pactó con los grupos un paquete de 26 medidas, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en abril de este año. Su votación en el Congreso no tuvo votos en contra: IU, ICV, BNG y Nafarroa Bai se abstuvieron, mientras que el PP apoyó finalmente el decreto. El buscado pacto de Estado terminó en un decreto sin demasiadas heridas abiertas.

Recorte del déficit y despido más barato

El dinero público utilizado para revertir la tendencia negativa en la economía provocó un aumento desorbitado del déficit público. La Fundación de las Cajas de Ahorro estima que las cuentas públicas alcanzarán unos números rojos del 11,5% del PIB a finales de 2010. Las medidas quieren devolver al estado español al 3% exigido por Europa en 2012.

Entre las medidas más importantes se encuentra la reducción de un 5% de los salarios de la administración pública(entre un 0,56% y el 7% en función del grupo funcionarial), la congelación de las pensiones en 2011, la anulación de la retroactividad en las ayudas a la dependencia o el adiós al cheque-bebé. El Ejecutivo quiere ahorrar con ellas más de 5.000 millones en 2010 y el doble en 2011.

Reforma de la Ley de Cajas

La reforma de la Ley de Cajas es la culminación de una petición eterna. Grupos políticos, Banco de España y Bruselas reclamaban desde hacía tiempo una reducción del número de entidades, muchas de ellas afectadas negativamente por la caída del negocio de ladrillo y los impagos. En realidad, el decreto pone negro sobre blanco la defunción del modelo actual.

La idea es que las cajas puedan dejar de serlo. Las entidades que así lo decidan, deberán colocar todo su negocio en un banco y posteriormente vender el 50% en Bolsa. Ese proceso permite la capitalización de la caja y la mejora de su situación financiera. Además, el decreto prevé el Sistema Institucional de Protección (SIP), conocido como 'fusión fría', que permite a las cajas a fusionarse bajo el paraguas de una entidad central que estará participada en más de un 50% por ellas. Si ese porcentaje no se cumple, las cajas se verán obligadas a transformarse en fundaciones y ceder su actividad ese banco central.

Sin la excusa de la crisis

Todos los decretos anteriores, ninguno de ellos con la sensación de pleno consenso, tenían en su momento la coartada de ser necesarios para combatir la crisis, pero ni la TDT de pago ni la Ley de Aborto pueden esconderse detrás de ese telón. Zapatero encontró razones de "extraordinaria y urgente necesidad" para los decretos-ley contra la quiebra de los bancos, el paro o el déficit y también lo hizo con leyes con más tiempo para la reflexión.

El decreto-ley de la TDT de pago fue aprobado por el Congreso con 183 votos a favor, 150 en contra y 6 abstenciones. CiU, ERC y Coalición Canaria respaldaron al PSOE en su tramitación. El Gobierno también tuvo que aprobar dos decretos-ley que establecieron todo lo necesario para la Ley del Aborto entrara en vigor el 5 de julio. La nueva ley ha encontrado oposición firme en el PP. El Ejecutivo no tenía "extraordinaria y urgente necesidad" en su aprobación, pero escogió la vía rápida.