Eduardo Zaplana mueve ficha en la causa abierta en un juzgado de Valencia por presunto blanqueo. El exministro de Trabajo ha remitido un escrito a la magistrada que investiga el caso 'Erial', María Isabel Rodríguez Guerola, en el que le pide que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional al tratarse de un procedimiento por blanqueo de capitales que habría sido cometido en el extranjero. De hecho, su defensa compara esta causa con otras con delitos parejos como la trama Gürtel, la cual se instruye en la Audiencia Nacional desde hace más de una década, o los casos Lezo, 'Pujol' y Púnica.
En el escrito, presentado este mismo jueves y al que ha tenido acceso La Información, Zaplana alega que el Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia es "incompetente" para seguir instruyendo una causa que ya casi toca a su fin toda vez que se ha levantado el secreto que pesaba sobre la parte relativa a las comisiones rogatorias en el extranjero. En concreto, una de las últimas diligencias que arrancó hace ahora cuatro años fue el análisis de la documentación aportada por países como Luxemburgo, Andorra, Panamá, Uruguay y Suiza donde los principales acusados de la trama habrían ocultado hasta ocho millones de euros.
Al respecto, el que fuera presidente de la Comunidad Valenciana, a quien se le investiga por presunto amaño de adjudicaciones públicas, apunta en su escrito que las sociedades a las que se refiere la UCO en sus oficios pertenecen al abogado uruguayo Fernando Belhot. Los investigadores consideran que actuó en calidad de testaferro del expolítico popular después de que éste anunciara a finales del pasado año su intención de colaborar con las diligencias. Ahora Zaplana explica que estas sociedades ubicadas en su mayoría en paraísos fiscales emitieron transferencias a Uruguay (3,2 millones); Hong Kong (300.000 euros); Panamá (200.000 euros) y a Andorra (540.000 euros) y que él no fue receptor de ninguna de ellas.
"Como consecuencia de lo anterior el supuesto delito de cohecho que se imputa a mi representado se habría cometido, según la tesis de los investigadores, en Luxemburgo. Por su parte, los actos de transmisión, conversión u ocultación de las dádivas obtenidas, y que en su caso constituirían el delito de blanqueo de capitales imputado en la presente causa, también se habrían cometido en el extranjero", reza la defensa del exministro popular. Además, insiste en que la competencia para juzgar estos hechos es de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional teniendo en cuenta que los acusados se habrían valido de una red opaca de sociedades para no dejar rastro del movimiento del dinero.
El escrito recoge el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) según el cual son competencia de la Audiencia Nacional todos aquellos casos en los que se produzca alteración para el precio de las cosas que pueda derivar en un grave daño a la economía nacional. Belhot apuntó en su declaración por videoconferencia que fue gestor de las cuentas en el extranjero de Zaplana y otros implicados en este procedimiento penal como el líder popular y suegro del exministro Miguel Barceló y el asesor fiscal Francisco Grau. Sobre ellos dijo que ofrecería todos los pormenores de "la gestión patrimonial efectuada" y adelantó que pondría a disposición de las autoridades españolas el patrimonio que poseen en el extranjero, el cual cifró en 6,7 millones de euros en metálico y 3,3 millones de euros en diferentes inversiones.
Las citas de la agenda
Con todo, su defensa deja claro que aunque se hace eco de la tesis de la Guardia Civil para pedir la inhibición del juzgado, ello no se debe interpretar como que comparten las directrices acordadas por la magistrada instructora. Al contrario, apunta que el resultado de las comisiones rogatorias tramitadas sobre el movimiento de fondos o el estudio de su patrimonio familiar demostraría que no guarda relación directa con los delitos que se le atribuyen. Se refiere Zaplana al presunto desvío de mordidas que se habrían repartido de las adjudicaciones que están en el punto de mira, como son la del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV) en 2001 o la privatización de las concesiones de la ITV.
En lo que respecta a su agenda personal, que según la UCO reflejaría reuniones con presuntos comisionistas y testaferros, su defensa apunta que "no parece serio, ni siquiera a nivel indiciario" extraer conclusiones de esos datos puesto que pudieron tratarse de encuentros con sus amigos, algunos de los cuáles están imputados en esta causa. "Con tal peculiar criterio, al señor Zaplana y los amigos que frecuentaba les podría imputar casi cualquier delito que, dentro de un marco-temporal de más de 20 años, les pareciera oportuno o les viniera bien a los investigadores, por el mero hecho de que días antes o después tuvieron una reunión, paseo, comida, encuentro o llamada entre ellos", sentencia.
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